Costa Rica acumula dos administraciones consecutivas sin nombrar embajador en Nicaragua, una decisión diplomática que ha marcado un distanciamiento formal con el régimen de Daniel Ortega y que hoy divide a los aspirantes a la Presidencia de ese país.
Desde junio de 2018, cuando el entonces presidente Carlos Alvarado Quesada decidió no designar un jefe de misión en Managua, el país mantiene su representación reducida a un encargado de negocios.
La medida fue adoptada tras la represión policial desatada por el régimen sandinista contra estudiantes y opositores que protestaban por el incremento en las cuotas del seguro social, un episodio que dejó decenas de muertos y marcó un punto de quiebre en la relación bilateral.
Esa misma postura fue sostenida en 2022 con la llegada al poder del presidente Rodrigo Chaves Robles, bajo el argumento de que la política exterior costarricense debe priorizar la defensa del derecho internacional y los derechos humanos.
La pregunta a los candidatos
De cara a las próximas elecciones, el medio costarricense El Observador consultó a los 20 candidatos presidenciales si, de llegar al poder, estarían dispuestos a restablecer el envío de un embajador a Nicaragua.
Catorce respondieron, con posturas que van desde la reapertura plena de relaciones diplomáticas hasta el rechazo total mientras persista el actual régimen.
El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, se mostró a favor de designar un embajador. Según afirmó, la ausencia de comunicación oficial abre la puerta a canales informales “no deseables”.
Una posición similar expresó Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), quien subrayó la necesidad de coordinar asuntos prácticos con el país vecino, como flujos migratorios, comercio y trámites consulares.
José Aguilar, del Partido Avanza, consideró necesario mantener relaciones diplomáticas aun sin compartir el modelo político nicaragüense. “Sí lo haríamos, pero tenemos una posición de que ahí se ha perdido el sistema democrático”, señaló.
Walter Hernández, de Justicia Social Costarricense, cuestionó el no nombramiento de embajadores como una práctica “anticuada” y sostuvo que Costa Rica debe mantener relaciones con todos los países sin que ello implique legitimar regímenes autoritarios.
Diplomacia, información y migración
Otros aspirantes defendieron el restablecimiento de la embajada por razones estratégicas.
Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, afirmó que los embajadores son una fuente primaria de información, especialmente en países vecinos como Nicaragua y Panamá, y resultan clave para alertar sobre el acontecer político y social.
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), coincidió en la necesidad de un acercamiento diplomático para atender a los costarricenses residentes en Nicaragua, aunque insistió en mantener una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos.
Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), urgió reanudar los vínculos bilaterales, recordando que en Costa Rica viven más de un millón de personas nicaragüenses, muchas en condiciones de informalidad o irregularidad migratoria.
Condiciones y rechazos
Otros candidatos condicionaron cualquier acercamiento.
Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, señaló que el envío de un embajador no sería automático y dependería de garantías de respeto al derecho internacional y a la soberanía costarricense.
Fernando Zamora, de Nueva Generación, estableció como requisitos el respeto a los intereses nacionales, los derechos humanos, la democracia y la cooperación bilateral.
En contraste, varias candidaturas rechazaron de plano el nombramiento de un embajador mientras se mantenga el régimen de Ortega.
Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que Costa Rica debe actuar con “prudencia y firmeza” y evitar normalizar contextos de represión.
Douglas Caamaño Quirós, de la Alianza Costa Rica Primero, aseguró que no enviaría embajador mientras “gobierne” Ortega.
David Hernández, del Partido de los Trabajadores, fue más allá y calificó al régimen nicaragüense como “enemigo de la clase trabajadora”, proponiendo incluso sanciones económicas.
Ana Virginia Calzada, del Centro Democrático y Social (CDS), sostuvo que enviar un jefe de misión sería “un mensaje de tolerancia hacia el autoritarismo” y defendió la ausencia de embajador como un instrumento de presión diplomática legítimo.
Silencios y continuidades
Al cierre de la consulta, El Observador no obtuvo respuesta de Fabricio Alvarado (Nueva República), Ariel Robles (Frente Amplio), Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad) ni Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático).
Tampoco respondieron Laura Fernández (PPSO) ni Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), quienes podrían mantener la línea de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Carlos Alvarado, respectivamente.
La discusión revela que, a seis años del rompimiento simbólico con Managua, el envío de un embajador a Nicaragua sigue siendo uno de los dilemas más sensibles de la política exterior costarricense, atrapado entre principios democráticos, realismo diplomático y una compleja relación humana y migratoria entre ambos países.