El año 2025 cierra con un balance profundamente preocupante para la sociedad civil en Centroamérica y América Latina. El avance del autoritarismo, la aprobación de leyes restrictivas —como las leyes de agentes extranjeros— y el drástico retiro de la cooperación internacional han provocado un cierre sistemático del espacio cívico, afectando de manera directa a miles de organizaciones, particularmente en Nicaragua y la región centroamericana.
Así lo expuso la internacionalista y directora ejecutiva de Fundación Sin Límites, Lea Bolt, durante una entrevista en el programa La Mesa Redonda, donde analizó su reciente artículo de opinión “Un año difícil: reflexiones sobre la sociedad civil en la región”.
En su intervención, Bolt sostuvo que lo vivido en 2025 no puede describirse únicamente como resiliencia, sino como un ejercicio sostenido de resistencia frente a entornos políticos, legales y financieros, diseñados para debilitar o eliminar el trabajo de la sociedad civil.
Durante la conversación, se destacó que el impacto no ha sido solo institucional. La cancelación de organizaciones, la reducción de fondos y la operación forzada desde el exilio o la clandestinidad han generado una profunda factura humana: despidos, reducción de salarios, sobrecarga laboral, ansiedad, miedo, insomnio y un “segundo exilio” vivido desde lo emocional.
Este desgaste, advirtió Bolt, amenaza la sostenibilidad a largo plazo del sector si no se adoptan estrategias de cuidado colectivo y humanización de los procesos internos.
La entrevista también abordó el rol político que, de facto, ha asumido la sociedad civil ante la ausencia de Estados democráticos funcionales y la fragmentación de las oposiciones políticas.
En este contexto, las organizaciones han tenido que asumir tareas que tradicionalmente correspondían al Estado, como la documentación de violaciones a derechos humanos, la representación internacional y la protección de poblaciones vulnerables.
Frente a este escenario, Bolt subrayó la urgencia de abrir un diálogo serio y responsable entre la sociedad civil y los actores políticos, con el fin de evitar caminos paralelos que debiliten los esfuerzos por una futura transición democrática.
Asimismo, hizo un llamado a la autocrítica estratégica, reconociendo que uno de los principales errores fue no anticipar la magnitud y duración del cierre del espacio cívico ni diversificar a tiempo las fuentes de financiamiento.
De cara a 2026, la directora de Fundación Sin Límites enfatizó que la prioridad debe ser la construcción de modelos de autosostenibilidad colectiva, a través de consorcios y redes regionales, que permitan reducir riesgos, compartir capacidades y enfrentar de manera coordinada a Estados que actúan de forma articulada para restringir la acción cívica.
“El espacio cívico está en riesgo real de extinción, pero la resistencia sigue viva”, concluyó Bolt.
No obstante, advirtió que el futuro de la democracia en la región dependerá de la capacidad de los distintos actores de aprender de este año difícil, sostener el diálogo y construir alianzas estratégicas que pongan en el centro la dignidad humana, los derechos fundamentales y la participación ciudadana.