Ante el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, una nicaragüense radicada en Florida se ha convertido en un refugio legal y emocional para cientos de niños de familias migrantes.
Nora Sándigo, activista y defensora de los derechos de la niñez, recibe a diario solicitudes de padres indocumentados que, por miedo a ser detenidos o deportados, le otorgan la tutela temporal de sus hijos.
Sándigo, de 60 años y naturalizada estadounidense, comenzó hace 15 años a asumir la tutela legal de menores a través de su fundación en Miami. Actualmente es tutora de cerca de 350 niños nacidos en Estados Unidos y 137 menores extranjeros, aunque a lo largo de los años ha acompañado a más de 2.000 niños cuyos padres fueron detenidos por autoridades migratorias.
“Las llamadas se han incrementado de forma espectacular en los últimos meses”, relata la activista a la agencia AFP, quien asegura que el clima de temor entre las familias migrantes se ha profundizado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de las medidas de control migratorio.
“La llegada de esta administración, con un mensaje aterrador de persecución, ha sido espeluznante, sobre todo para los niños”, advierte.
Uno de los casos recientes es el de Rosa, una migrante guatemalteca de 32 años que quedó sola con sus dos hijos luego de que su esposo fuera detenido por agentes migratorios en Florida y enviado a un centro de internamiento en Texas.
Temiendo correr la misma suerte y dejar a sus hijos desprotegidos, decidió otorgar la tutela legal de los menores a Sándigo.
“Salgo menos a trabajar y tengo miedo de no regresar a casa con mis hijos”, cuenta Rosa. “No es fácil explicarles eso. Mi niño espera que llegue su papá y, como no viene, se pone triste”.
El poder notarial que reciben personas como Sándigo permite que un adulto de confianza pueda firmar documentos escolares, médicos o judiciales en nombre de los menores si sus padres son detenidos, sin que estos pierdan la custodia legal. Cada vez más familias recurren a este mecanismo como medida preventiva.
El aumento de estos casos coincide con cifras oficiales que indican que más de 605.000 personas indocumentadas han sido deportadas desde enero, cuando Trump retomó la presidencia.
En Florida, uno de los estados con mayor población migrante, las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han multiplicado, afectando especialmente a trabajadores de la agricultura, la hostelería y la construcción.
Rosa y su familia llegaron a Florida hace ocho años desde el departamento guatemalteco de Huehuetenango, huyendo de la pobreza. Llegaron con una hija que hoy tiene 11 años y hace cuatro años nació su segundo hijo. Ahora, la incertidumbre migratoria marca su vida cotidiana.
Durante una jornada de apoyo comunitario en las afueras de Miami, Sándigo recibió a varias familias en vísperas del Día de Acción de Gracias. Entre ellas estaba Jessica, una adolescente de 14 años nacida en Estados Unidos y protegida legalmente por la activista. Con la voz entrecortada, la joven confesó que vive con miedo.
“Mi mayor preocupación es que mis padres se vayan y también mi futuro. Porque si ellos se van, yo me voy con ellos”, dijo entre lágrimas.
Sándigo, quien llegó a Estados Unidos como refugiada tras huir de la revolución sandinista en Nicaragua, teme que las actuales políticas migratorias provoquen daños psicológicos duraderos.
“Amo a los niños y quiero servirles, pero no en estas circunstancias”, afirma. “Ningún niño debería crecer con el miedo constante de perder a su familia”.