Marlon Antonio Narváez creyó que lo peor había quedado atrás cuando salió de la cárcel en Nicaragua y aterrizó en Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos en febrero de 2023.
Había sobrevivido a la represión, a la prisión en El Chipote y al destierro forzado por el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, casi tres años después, volvió a escuchar el sonido de las rejas cerrándose detrás de él, esta vez bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Como Marlon, decenas de exiliados políticos nicaragüenses hoy enfrentan detención y deportación desde Estados Unidos, un país que inicialmente los recibió como víctimas de una dictadura, pero que ahora los somete a políticas migratorias cada vez más restrictivas, incluso cuando existen riesgos claros para su vida y libertad.
Marlon Narváez: del “Nica Welcome” a la deportación a un país extraño
Narváez, quien trabajaba como taxista y luego en una fábrica en Managua, participó en las protestas cívicas de 2018 y fue arrestado en dos ocasiones. La segunda detención ocurrió el 15 de julio de 2020, días antes de las celebraciones oficiales del 19 de julio, una fecha simbólica para el sandinismo. Permaneció preso en el Sistema Penitenciario La Modelo hasta ser expulsado de Nicaragua y despojado de su nacionalidad.
En Estados Unidos solicitó asilo en noviembre de 2024, pero fue detenido por ICE en octubre de 2025. Aunque esperaba ser liberado para trasladarse a España, las autoridades migratorias le informaron que sería deportado a Ecuador, un país donde no tiene familia ni redes de apoyo.
Para Narváez, la protección prometida se convirtió en un limbo legal y humano.
Juan Barilla: deportado a Honduras, más cerca de sus perseguidores
El caso de Juan Barilla, exmiembro del Movimiento Campesino Nicaragüense, ilustra los riesgos de estas deportaciones a terceros países. Barilla pasó 29 meses como preso político antes de llegar a Estados Unidos bajo el programa conocido como Nica Welcome.
Tras establecerse y trabajar en Luisiana, fue arrestado en abril de 2025 y posteriormente transferido a custodia migratoria. En octubre de ese año, un juez ordenó su expulsión a Honduras, donde fue deportado en noviembre.
Desde allí, Barilla teme por su vida.
“Nuestros perseguidores no operan solo a nivel nacional, la represión se ha vuelto transnacional”, dijo al diario La Prensa. “Honduras está muy cerca de Nicaragua y existe un riesgo real de que intenten hacerme daño. Temo que me maten aquí”.
Yadira Córdoba: la madre que exigió justicia y volvió a ser castigada
Otro caso emblemático es el de Yadira Córdoba, activista y miembro de la Asociación Madres de Abril. Yadira huyó de Nicaragua tras exigir justicia por el asesinato de su hijo, Rolando Córdoba, a manos de fuerzas estatales durante las protestas de 2018.
Fue detenida en Texas en agosto de 2025 y se ordenó su deportación a Honduras. A pesar de ello, Yadira continúa detenida sin explicaciones claras por parte de ICE, mientras su familia denuncia un grave deterioro emocional.
“Nosotros somos los que necesitamos refugio y seguridad”, expresó su hijo Ronald. “No fuimos nosotros quienes dañamos a Nicaragua; eso lo hizo el régimen. Es profundamente angustiante que mi madre esté pasando por esto”.
Del refugio a la revictimización
Estos casos se dan en el contexto de cambios recientes en la política migratoria de Estados Unidos, como la terminación de programas humanitarios de libertad condicional y el aumento de operaciones de control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Exiliados políticos están siendo detenidos incluso durante paradas de tráfico, citas migratorias o registros rutinarios.
Algunos de ellos formaron parte del grupo de 222 presos políticos expulsados por el régimen de Ortega en febrero de 2023, una operación financiada por el propio gobierno estadounidense, que costeó un vuelo chárter y otorgó libertad condicional humanitaria por dos años.
Hoy, varios de esos mismos exiliados enfrentan la expulsión del país que los recibió como símbolo de protección.
Riesgos legales y violación del principio de no devolución
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que estas detenciones y deportaciones constituyen una forma de revictimización, al reactivar traumas de encarcelamiento y persecución. Además, el traslado a terceros países sin evaluaciones rigurosas expone a los exiliados a nuevos riesgos de violencia, precariedad y persecución.
Estas prácticas contravienen el principio de no devolución, consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este principio prohíbe devolver a una persona a cualquier lugar donde su vida o libertad estén en peligro, incluso de forma indirecta o “en cadena”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas han reiterado que toda expulsión sin una evaluación individualizada de riesgos viola el derecho a solicitar asilo.
Un exilio que no termina
Para muchos nicaragüenses, el exilio ya no es sinónimo de seguridad. La persecución que comenzó en Nicaragua parece extenderse más allá de sus fronteras, dejando a las víctimas atrapadas entre sistemas migratorios y decisiones políticas que ignoran su historia.
Lo que prometía ser un refugio se ha convertido, para algunos, en otra estación del castigo.