La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció este martes 13 de enero, ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) la persecución sistemática contra cristianos en Nicaragua, atribuida a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante una audiencia dedicada a las violaciones de la libertad de religión o creencias en el extranjero.
“Fui invitada a participar en esta audiencia y la defensora de derechos humanos Muriel Sáenz me acompañó porque ella representa a sacerdotes, pastores cristianos evangélicos y laicos que están solicitando asilo político en USA debido a la persecución de la dictadura sandinista. Fue una excelente oportunidad porque los comisionados USCIRF nos conocieron y también nos escucharon. Hemos establecido ya comunicación directa con ellos y le hemos solicitado que aboguen por los cristianos nicaragüenses”, dijo Molina en declaraciones a La Mesa Redonda.
Al comparecer bajo juramento, Molina —autora del informe Nicaragua: una iglesia perseguida y coordinadora de Nicaragüenses en el Mundo Texas— aseguró haber documentado 19,836 agresiones y ataques contra sacerdotes, monjas y laicos desde abril de 2018.
Según expuso, la represión ha reducido de forma drástica la vida pastoral en el país, al punto de que los sacerdotes se ven obligados a cuidar cada palabra de sus homilías por temor a ser encarcelados o desterrados.
Molina afirmó que Nicaragua, históricamente un país de mayoría católica y cristiana evangélica, vive hoy bajo el temor constante. Denunció el cierre arbitrario de al menos trece universidades e institutos, así como la clausura de centros de formación para jóvenes que se preparaban para el sacerdocio.
Durante su intervención, señaló que 304 sacerdotes y monjas han sido desterrados, muchos expulsados o impedidos de regresar al país, y que actualmente uno de ellos permanece bajo casa por cárcel.
Indicó además que nueve de cada diez religiosos afectados son nicaragüenses, lo que ha dejado a algunas diócesis operando con apenas el 30 % de su clero, limitando gravemente prácticas como la confesión regular en comunidades del interior del país.
La investigadora también denunció que el régimen niega servicios consulares a sacerdotes que realizan misiones pastorales en el extranjero, dejándolos en una apatridia de facto, al rechazarles pasaportes y documentos básicos como partidas de nacimiento.
Molina advirtió que la persecución se extiende a los fieles. Aseguró que agentes de la Policía sandinista y grupos paramilitares asisten a misas y cultos para fotografiar y grabar a los asistentes, lo que ha provocado que muchos dejen de acudir a las iglesias.
Añadió que rezar en público fuera de los templos es tratado como un delito, con personas vigiladas, intimidadas y detenidas.
También denunció que dentro de las iglesias está prohibido orar en voz alta por obispos como monseñor Rolando Álvarez o monseñor Silvio Báez, y que mencionar sus nombres puede llevar a la cárcel.
Citó casos concretos de encarcelamientos, como el de Carlos Bojorge, detenido tras gritar “Viva Cristo Rey” durante una misa, y el de un corista encarcelado por compartir un video cantando en una celebración religiosa.
Según Molina, incluso monaguillos menores de edad son vigilados y obligados a firmar documentos sin conocer su contenido, mientras sus padres son amenazados con prisión si hablan con la prensa.
Denunció además la prohibición de ingresar Biblias al país, el control sobre la fabricación y venta de imágenes religiosas y la destrucción de rosarios y artículos de fe en puestos migratorios.
En su comparecencia, Molina hizo un llamado a medidas más agresivas por parte de la comunidad internacional, incluyendo sanciones al Ejército, sanciones económicas directas y llevar a Ortega, Murillo y sus colaboradores ante la justicia internacional por delitos de lesa humanidad.
La audiencia, celebrada este martes 13 de enero de 2026, permitió —según Molina— establecer comunicación directa con los comisionados de la USCIRF y solicitarles que aboguen activamente por los cristianos nicaragüenses, en un contexto en el que, afirmó, la persecución religiosa en Nicaragua no ha terminado y continúa intensificándose.