El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles por unanimidad una resolución que condena las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras escuchar el informe presentado por Rosa María Payá, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua.
En su resolución, la OEA expresó su profunda preocupación por la “persistencia de la grave situación de los derechos humanos e impunidad, así como el deterioro de las instituciones democráticas” en Nicaragua, y advirtió sobre un patrón de represión que ya no se limita al territorio nacional, sino que se extiende más allá de las fronteras del país.
Durante su intervención ante los embajadores, Payá afirmó que Nicaragua atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves de la región y que, a más de siete años del inicio de la represión en 2018, el país permanece bajo un “estado policial” caracterizado por el control, la vigilancia y la persecución sistemática de cualquier persona percibida como opositora, incluso dentro de las propias filas del régimen.
La relatora subrayó que en 2025 se consolidó formalmente un régimen autoritario con la entrada en vigor de reformas constitucionales incompatibles con los principios democráticos del sistema interamericano, las cuales concentraron de manera absoluta el poder en el entorno familiar Ortega-Murillo.
“Es una dictadura”, afirmó Payá, al señalar que desde hace años dejaron de existir los pesos y contrapesos propios de una democracia.
Represión sin fronteras
Uno de los aspectos más alarmantes del informe, según destacó Payá, es la expansión de la represión de manera transnacional.
La CIDH documentó casos de vigilancia, amenazas, atentados contra la vida, privación arbitraria de la nacionalidad, confiscación de bienes y uso indebido de mecanismos de cooperación internacional, como las notificaciones rojas de Interpol y solicitudes de extradición con fines políticos.
En ese contexto, la relatora mencionó los casos de Joao Maldonado, sobreviviente de dos atentados; Rodolfo Rojas Cordero, hallado muerto en Honduras; y Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica en junio de 2025, como ejemplos de un patrón de violencia dirigido contra opositores en el exilio.
La resolución de la OEA condena estos hechos y advierte que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al incluir prácticas como el exilio forzado, la desaparición forzada, la tortura, las detenciones arbitrarias, la confiscación de propiedades, la eliminación de documentos de identidad, la prohibición de ingreso al propio país y los atentados contra la vida de ciudadanos nicaragüenses.
Espacio cívico cerrado y persecución religiosa
Payá denunció que el espacio cívico en Nicaragua está completamente clausurado. Más de 5.600 organizaciones de la sociedad civil han sido disueltas de manera forzada, se mantienen prohibidas las protestas sociales y religiosas, y persiste la criminalización de cualquier forma de organización independiente.
También alertó sobre la persecución religiosa, que incluye la detención y expulsión de religiosos, la prohibición de celebraciones litúrgicas y el cierre de medios de comunicación, universidades y centros educativos vinculados a la Iglesia católica.
Estos hechos, señaló, han sido corroborados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.
Llamado a retornar a la OEA
La resolución aprobada por el Consejo Permanente insta al Estado de Nicaragua a poner fin de inmediato a estas violaciones, a cesar la represión y a entablar diálogos constructivos con la comunidad internacional para restablecer el orden democrático.
Además, exhorta al régimen a retornar a la OEA, organismo del cual Nicaragua se retiró en 2023 como parte de su aislamiento internacional.
Asimismo, solicita a la CIDH analizar el uso ilegítimo de los mecanismos de cooperación internacional por parte del régimen y reitera el compromiso del sistema interamericano de continuar monitoreando la situación y acompañando a las víctimas.
“La represión transnacional es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y representa un desafío grave para los Estados de la región”, advirtió Payá, al cerrar su intervención con un llamado urgente a los gobiernos del continente a no normalizar la dictadura ni la impunidad en Nicaragua.