La organización ambientalista Fundación del Río rechazó este lunes 23 de febrero, el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Minas, en el que aseguran que las concesiones mineras en Nicaragua supuestamente “cumplen” con los principios de “debido proceso, transparencia y publicidad”.
En una reacción pública, la organización sostuvo que la realidad en los territorios contradice esa afirmación oficial y que el pronunciamiento estatal evidencia molestia frente a las denuncias que han documentado ante medios de comunicación nacionales e internacionales.
El comunicado de la PGJ
El comunicado de la PGJ, fechado el 21 de febrero de 2026, afirma que todas las concesiones han sido otorgadas conforme a la Ley 387, que existe supervisión técnica y ambiental, y que el sector opera bajo un “sólido marco regulatorio”.
Además, destaca que el oro alcanzó en 2025 más de 1,961 millones de dólares en exportaciones y que empresas como Equinox y Hemco Mineros concentran buena parte de la actividad extractiva.
Sin embargo, Fundación del Río asegura que ha documentado minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, así como el traslado de material desde Costa Rica hacia territorio nicaragüense para su procesamiento y la existencia de redes de tráfico ilegal asociadas a esta actividad.
La organización también cuestiona las reformas al sistema de evaluación ambiental, que —según denuncia— han flexibilizado los controles para facilitar la exploración y explotación minera, incluso dentro de áreas protegidas.
A su juicio, el Estado incumple estándares internacionales al no garantizar consultas libres, previas e informadas a las comunidades potencialmente afectadas por los proyectos extractivos.
Mientras el régimen defiende que no existen inconformidades formales por parte de las empresas concesionarias y que el sector cumple con sus obligaciones tributarias y ambientales, la organización ambiental insiste en que en el terreno persisten prácticas que ponen en riesgo ecosistemas estratégicos y derechos comunitarios.
El debate reaviva la controversia sobre el modelo extractivo en el país, en un contexto donde el oro se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación, pero también en foco de cuestionamientos por su impacto ambiental y social.