Un total de 452 ciudadanos han sido despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante procesos considerados irregulares, una medida que ha incrementado el riesgo de apatridia y profundizado la persecución política contra opositores en el exilio, según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El reporte sostiene que la mayoría de las personas afectadas son figuras críticas del régimen, entre ellas periodistas, activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes, empresarios y políticos opositores, muchos de los cuales ya se encontraban fuera del país cuando se adoptó la decisión.
De acuerdo con el informe, citado por organismos internacionales, los afectados han quedado en una “situación cercana a la apatridia”, al perder la protección jurídica que otorga la ciudadanía y ver limitados derechos fundamentales como trabajar, viajar o acceder a servicios básicos.
El documento subraya que la retirada de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta de represión política dirigida a castigar a quienes critican al régimen o son percibidos como opositores.
Los expertos también señalaron que los procesos judiciales utilizados para despojar a estas personas de su ciudadanía se realizaron, en muchos casos, sin notificación formal ni presencia de los acusados. Varios de los afectados, según el informe, se enteraron de su nueva condición al intentar renovar pasaportes o realizar trámites oficiales en el extranjero.
El grupo independiente advierte que la privación de la nacionalidad sin respeto al debido proceso coloca a los exiliados en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica y social, al quedar sin acceso pleno a mecanismos de protección internacional.
El informe añade que esta práctica forma parte de un patrón más amplio de persecución política que incluye confiscación de bienes, restricciones al derecho de circulación y vigilancia sobre nicaragüenses en el extranjero.
Entre los casos documentados se encuentra el destierro, el 9 de febrero de 2023, de 222 expresos políticos enviados a Estados Unidos, quienes además fueron despojados de su nacionalidad.
Días después, otros 94 nicaragüenses —entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez— también fueron privados de su ciudadanía.
Posteriormente, el 5 de septiembre de 2024, otros 135 nicaragüenses fueron expulsados hacia Guatemala y despojados igualmente de su nacionalidad, ampliando el número de ciudadanos afectados por esta política.