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GHREN exige al régimen datos para “determinar la suerte y paradero” de Brooklyn Rivera

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) solicitó formalmente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo información oficial sobre el paradero del dirigente indígena y diputado Brooklyn Rivera, desaparecido desde su detención en septiembre de 2023.

La petición fue enviada mediante una carta firmada por el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, junto con los expertos Ariela Peralta Distéfano y Reed Brody.

El documento, fechado el 12 de marzo de 2026 desde Ciudad de Panamá, solicita al régimen nicaragüense información “detallada y oficial que permita determinar la suerte y paradero”, y el estado de salud del “líder del pueblo miskito”.

Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en su vivienda en Bilwi, en la región de Puerto Cabezas, y posteriormente habría sido trasladado a Managua. Desde entonces, se desconoce oficialmente su paradero, los motivos de su detención y su condición física.

El organismo recordó además que Rivera cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 9 de octubre de 2023, debido al riesgo que enfrentaba su integridad.

Brooklyn Rivera

En la comunicación dirigida a los co-dictadores nicaragüenses, el grupo de expertos pidió que la solicitud sea trasladada a las instituciones competentes que puedan tener información relevante, entre ellas el Ministerio del Interior de Nicaragua y la Policía de Nicaragua.

El grupo recordó que su mandato fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la resolución 49/3 en marzo de 2022 para investigar de manera independiente las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018.

Posteriormente, el mandato fue prorrogado en 2023 y nuevamente en 2025 por un período adicional de dos años.

La carta también fue remitida a la representante permanente de Nicaragua ante la ONU en Ginebra, Rosalía Concepción Bohórquez Palacios; así como a la ministra del Interior María Amelia Coronel Kinloch y al director de la Policía de Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz.

El grupo de expertos expresó su expectativa de que el régimen nicaragüense brinde “una colaboración constructiva” que permita esclarecer el caso y avanzar en las investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el país.