La Administración del presidente Donald Trump anunció una nueva medida migratoria que impacta directamente a ciudadanos de Nicaragua: a partir del 2 de abril deberán pagar una fianza de 15.000 dólares para solicitar visas de turismo y negocios (B1/B2).
La disposición fue confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluyó a Nicaragua en un grupo de 12 nuevos países sujetos a este requisito, elevando a 50 el total de naciones bajo este sistema.
Medida busca frenar permanencias irregulares
Según las autoridades estadounidenses, la fianza será reembolsada a quienes cumplan con las condiciones de su visa y regresen a su país antes de que expire. En caso contrario, el dinero se utilizará para cubrir los costos de deportación.
El gobierno estadounidense estima que expulsar a un migrante cuesta más de 18.000 dólares, por lo que este mecanismo permitiría ahorrar hasta 800 millones de dólares anuales.
La medida forma parte de la política migratoria de línea dura impulsada por Trump desde su regreso al poder en enero, orientada a reducir la permanencia irregular de extranjeros en territorio estadounidense.
Nicaragua, entre países bajo mayor restricción
Con esta decisión, Nicaragua se suma a una lista ampliada que incluye principalmente países de África, Asia y el Caribe, así como a otras naciones latinoamericanas como Venezuela y Cuba.
El programa de fianzas ya había sido aplicado previamente a 38 países y, según datos oficiales, cerca del 97 % de los beneficiarios regresaron a sus países dentro del plazo permitido.
Críticas y preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado este tipo de medidas, al considerar que limitan el acceso a la movilidad y podrían afectar garantías fundamentales como el debido proceso.
Por su parte, la Administración Trump sostiene que estas políticas son necesarias para fortalecer la seguridad interna y controlar los flujos migratorios.
La inclusión de Nicaragua en este programa ocurre en un contexto de creciente migración de sus ciudadanos, muchos de los cuales han salido del país en los últimos años debido a la crisis sociopolítica iniciada en 2018.