La comisionada de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), Maureen Ferguson, denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un “asalto total” contra la libertad religiosa en Nicaragua, en medio de una escalada represiva que incluye arrestos, exilio y confiscaciones contra líderes y fieles.
“El gobierno nicaragüense libra un asalto total contra la libertad religiosa como parte de su represión integral de la disidencia contra católicos y protestantes”, afirmó Ferguson, al referirse a las conclusiones del más reciente informe del organismo estadounidense.
El reporte documenta que durante 2025 las condiciones de libertad religiosa en el país continuaron deteriorándose, con detenciones arbitrarias, cancelación del estatus legal de organizaciones religiosas y cierre de espacios de culto considerados críticos al régimen.
Entre los hallazgos más graves, el informe señala la disolución de al menos 15 organizaciones religiosas, restricciones masivas a celebraciones como la Semana Santa —con miles de policías desplegados para impedir procesiones— y denuncias de prohibiciones para ingresar Biblias al país.
Además, organizaciones de la sociedad civil han registrado más de 16.500 actividades religiosas prohibidas desde 2018, así como más de mil actos de represión contra la Iglesia católica, incluyendo confiscaciones, cierres y amenazas.
El informe también recoge casos de muertes bajo custodia estatal, como las de Mauricio Alonso y el abogado Carlos Cárdenas, así como arrestos contra líderes religiosos y laicos, en un contexto de creciente persecución.
Por su parte, el comisionado Stephen Schneck instó al secretario de Estado Marco Rubio a designar nuevamente a Nicaragua como “país de preocupación particular” (CPC), lo que abriría la puerta a sanciones internacionales.
Schneck también recomendó imponer sanciones financieras a funcionarios responsables de violaciones a la libertad religiosa y fortalecer el apoyo a organizaciones que documenten estos abusos.
El informe advierte que el régimen ha reforzado su capacidad de represión tras reformas constitucionales adoptadas en 2025, que consolidan el poder de Ortega y Murillo y permiten medidas como la desnacionalización forzada y el control sobre influencias religiosas consideradas “extranjeras”.
Según el documento, la persecución contra comunidades religiosas se enmarca en una política más amplia de represión contra cualquier forma de disidencia, que desde 2018 ha sido señalada por organismos internacionales como posible crimen de lesa humanidad.
En ese contexto, la comisión estadounidense insiste en que la comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el régimen nicaragüense para frenar las violaciones sistemáticas a la libertad de religión y garantizar mecanismos de rendición de cuentas.