Costa Rica marcó este viernes un precedente sin precedentes en su sistema judicial al extraditar por primera vez a ciudadanos costarricenses hacia Estados Unidos, entre ellos el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, requerido por presunto tráfico internacional de drogas.
Junto a Gamboa, también fue extraditado Edwin López Vega, ambos trasladados bajo un amplio operativo de seguridad desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, desde donde partieron hacia Texas en vuelos coordinados por autoridades estadounidenses.
El despliegue incluyó el cierre de carreteras, vehículos blindados conocidos como “Las Bestias”, vigilancia aérea con helicóptero, francotiradores y más de 100 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Interpol y Fuerza Pública.
Según el fiscal general Carlo Díaz, el traslado terrestre tomó apenas siete minutos.
“Es un día histórico, no solo porque es la primera vez que se concreta una extradición de nacionales, sino también por el perfil de las personas involucradas”, afirmó Díaz.
Un cambio constitucional clave
La extradición fue posible gracias a la reforma constitucional aprobada en mayo de 2025, que habilitó la entrega de ciudadanos costarricenses requeridos por delitos de narcotráfico y terrorismo. Durante años, esta limitación permitió que personas vinculadas a redes criminales evitaran procesos judiciales en el extranjero.
“El país carecía de herramientas para enfrentar eficazmente este fenómeno. Hoy enviamos un mensaje claro: nadie podrá utilizar nuestra nacionalidad como escudo para evadir la justicia”, subrayó el fiscal general.
Coordinación internacional
Las detenciones y posterior extradición de Gamboa y López Vega son el resultado de una investigación de más de un año liderada por el OIJ en conjunto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Debido al alto perfil de los acusados, la DEA organizó su traslado en vuelos directos hacia Dallas, bajo estrictas medidas de seguridad.
Ambos enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas y, como condición impuesta por Costa Rica, no podrán recibir penas superiores a las establecidas en la legislación nacional, es decir, menores a 50 años de prisión.
Un golpe simbólico y político
El caso de Gamboa genera especial impacto debido a su trayectoria en la función pública, donde ocupó cargos como magistrado, fiscal adjunto, ministro y viceministro.
Su extradición representa no solo un avance en la cooperación judicial internacional, sino también un mensaje contundente contra la impunidad, incluso en las más altas esferas del poder.
Con este proceso, Costa Rica abre una nueva etapa en su lucha contra el crimen organizado transnacional, reforzando su colaboración con aliados estratégicos y elevando el costo para quienes intenten utilizar el país como refugio frente a la justicia internacional.