El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció que al menos nueve opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han fallecido bajo custodia estatal o tras permanecer detenidos en condiciones que organizaciones de derechos humanos consideran responsabilidad del Estado nicaragüense.
La denuncia forma parte del más reciente informe de la organización, que advierte sobre el deterioro de las condiciones de salud, la falta de atención médica, el aislamiento y la opacidad que enfrentan las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua.
Según el mecanismo, la muerte más reciente corresponde al líder indígena miskitu Brooklyn Rivera Bryan, quien falleció el pasado 30 de mayo luego de permanecer desaparecido forzadamente desde septiembre de 2023.
Su caso ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales como uno de los más graves debido a los más de 970 días durante los cuales su familia no tuvo información verificable sobre su estado de salud y condiciones de detención.
De Eddy Montes a Brooklyn Rivera
La primera muerte documentada por el mecanismo fue la del nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, ocurrida en mayo de 2019 dentro del Sistema Penitenciario Nacional La Modelo. Mientras el régimen sostuvo que falleció durante un motín, organizaciones de presos políticos cuestionaron la versión oficial y denunciaron el uso de fuerza letal contra los reclusos.
En noviembre de 2021 falleció bajo custodia el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, quien había denunciado públicamente a Daniel Ortega por el presunto abuso sexual contra su hermana cuando era menor de edad.
Meses después, en febrero de 2022, murió el exguerrillero y general retirado Hugo Torres, una figura histórica de la revolución sandinista que participó en la operación que permitió la liberación de Ortega de las cárceles somocistas en 1974. Las autoridades informaron que falleció por una enfermedad, aunque familiares y organismos de derechos humanos cuestionaron las condiciones de su encarcelamiento.
La lista continúa con José Modesto Solís Aguilar, fallecido en diciembre de 2023 en circunstancias que, según el mecanismo, nunca fueron esclarecidas por las autoridades.
Entre los casos más recientes figura el del general retirado Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega y exjefe del Ejército Popular Sandinista. Falleció en septiembre de 2024 mientras permanecía bajo vigilancia y restricciones impuestas por el gobierno, luego de expresar opiniones críticas sobre la situación política del país.
En agosto de 2025 murieron dos opositores que se encontraban detenidos: Mauricio Alonso, expresidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), y el abogado Carlos Cárdenas, quien había sido asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el diálogo nacional de 2018.
El mecanismo también registra el fallecimiento de otra persona considerada presa política cuyo nombre permanece bajo reserva por solicitud de sus familiares.
Finalmente, el informe incorpora el caso de Brooklyn Rivera, fundador del partido indígena YATAMA y uno de los principales defensores de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe. El mecanismo sostiene que su muerte confirma los riesgos extremos que enfrentan las personas sometidas a desaparición forzada prolongada y sin acceso a supervisión independiente.
Alertan sobre patrón de deterioro y falta de atención médica
El informe señala que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron en contextos caracterizados por denuncias de deterioro físico progresivo, restricciones al acceso a medicamentos, falta de atención médica especializada, aislamiento prolongado y limitaciones para el contacto con familiares.
La organización sostiene que estos patrones se repiten en las cárceles nicaragüenses y advierte que actualmente existen decenas de presos políticos cuya salud continúa deteriorándose bajo custodia estatal.
Asimismo, exige al Estado nicaragüense garantizar atención médica inmediata, permitir verificaciones independientes, presentar pruebas de vida de las personas desaparecidas forzadamente y esclarecer las circunstancias de todas las muertes registradas bajo custodia.