Este lunes 27 de enero, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se reunieron para debatir sobre las cuestiones globales actuales relacionadas con los derechos humanos. En esta audiencia, la activista y excarcelada política nicaragüense Ana Margarita Vijil denunció la grave situación de derechos humanos en Nicaragua.
Vijil, quien fue detenida por el régimen de Ortega-Murillo y encarcelada durante más de 600 días en condiciones extremas, describió las atrocidades que se han cometido bajo la dictadura nicaragüense. Durante su intervención, la activista detalló cómo, desde 2018, más de 4,650 personas han sido sometidas a persecución política, torturas y encarcelamientos arbitrarios.
“Fui detenida por la dictadura Ortega Murillo, sometida a un juicio sin garantías, a confinamiento en solitario durante 606 días sin derecho a hablar, leer o escribir, con escaso acceso al sol y a visitas de mi familia”, relató Vijil, destacando que su experiencia no es un caso aislado.
La situación en Nicaragua, según denunció, ha dejado un saldo alarmante de violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, censura de medios de comunicación, persecución a líderes religiosos y sociales, y un exilio masivo que afecta al 12% de la población.
Vijil mencionó el asesinato de al menos 355 personas asesinadas, en su mayoría jóvenes; 54 medios de comunicación independientes cancelados y sus propiedades confiscadas; 5,500 organizaciones, gremios, asociaciones y movimientos sociales y 36 universidades privadas canceladas y sus bienes confiscados; al menos 275 periodistas y centenares de líderes políticos y sociales en el exilio; persecución religiosa, confiscación de bienes, encarcelamiento y destierro de obispos y sacerdotes y religiosas; centenares de personas en todo el país están bajo vigilancia y asedio policial; 452 personas desnacionalizadas por decreto y a centenares de nicaragüenses no se les ha permitido entrar al país o no les son renovados sus pasaportes, convirtiéndolos en apátridas de hecho.
Asimismo, destacó que en la actualidad hay unas cincuenta personas encarceladas por considerarlas opositoras al régimen y más de veinticinco ex funcionarios públicos detenidos. “El paradero de la mayoría se oculta, son enjuiciados en secreto sin derecho a la defensa”, indicó.
También, denunció que “el régimen de Ortega y Murillo avanza institucionalizando su dictadura familiar dinástica, mediante la aprobación final de unas masivas reformas constitucionales que establecen un ‘estado revolucionario’ en cuya cabeza habrá dos ‘copresidentes’, Ortega y su esposa, subordinando todas las instituciones del país, incluyendo el sistema judicial y el electoral”.
Petitorio
La activista también hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que se tomen medidas contundentes frente a la creciente represión en su país.
“Les pedimos una nueva resolución sobre la situación de Nicaragua. Que condenen la institucionalización de la dictadura en curso; que demanden el cese de la represión, el respeto a los derechos humanos y la apertura de un proceso de transición hacia la democracia a través de elecciones justas y con garantías”, subrayó.
En su petitorio, Vijil instó al Parlamento Europeo y a los gobiernos de la Unión Europea a revisar los acuerdos de asociación con Nicaragua, condicionándolos al respeto de los derechos humanos. “Les pido que reiteren la solicitud de este Parlamento, realizada en 2023, de revisar la continuidad de dicho acuerdo sujeto al respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses”.
La activista destacó que en las condiciones actuales, “la cooperación más efectiva con Nicaragua es a través de las organizaciones civiles y medios de comunicación nicaragüenses en el exilio”.
Además, solicitó apoyo para los nicaragüenses que han huido del país, pidiendo facilidades para el asilo y la homologación de títulos académicos, así como la pronta liberación de los presos políticos.
“Les pedimos que contribuyan a hacer viable la condición de refugio y asilo para quienes han huido del país; a que se facilite la homologación de títulos académicos, el apoyo a jóvenes perseguidos para continuar sus estudios; el otorgamiento de permisos de trabajo y condiciones para resolver los casos de apatridia. España nos ha dado la oportunidad de optar a su ciudadanía a quienes hemos sido despojados de la nuestra por resolución oficial, gesto que agradezco profundamente”, dijo.
“En particular solicito su apoyo para que sus países acojan a 42 ex presas y ex presos políticos desterrados hacia Guatemala en septiembre de 2024 y que están pendientes de ser reasentados”, añadió.
Vijil instó a los presentes a que su voz contribuya a “cambiar una vida, la de una persona encerrada injustamente, la de un pueblo, la de mi país, Nicaragua”.
“Les pido que demanden la libertad incondicional de todas las personas presas políticas. Que hagan propios sus nombres e historias. El de Marvin Vargas, preso desde el 2011; Nancy Henríquez, líder indígena en confinamiento en solitario por más de un año, Fabiola Tercero, periodista desaparecida desde julio del año pasado o el de cualquiera de los más de 50 que se mantienen en las cárceles del régimen”, concluyó.