El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua publicó este lunes 10 de febrero, su informe actualizado que abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, en el que se muestra que la cifra de presos políticos aumentó a 47 y de estos, 12 personas se encuentran en “desaparición forzada”.
De estas 47 personas presas políticas, siete son mujeres y 40 hombres, pero este número podría ser mucho mayor debido al control de la información y el clima de represión en el que se vive.
Entre los casos más críticos está la desaparición forzada de 12 presos políticos, cuya ubicación es desconocida y cuyos derechos más básicos están siendo sistemáticamente violados.
“Continúa a alarma extrema de 12 personas presas políticas cuyo paradero es desconocido debido al ocultamiento de información y la negación de visitas por parte de las autoridades penitenciarias. Uno de los casos más graves es el del diputado indígena Brooklyn Rivera, quien lleva más de 400 días desaparecido bajo la responsabilidad del Estado”, reza el informe.
Estos son las 12 personas desaparecidas en Nicaragua
- Brooklyn Rivera Bryan – 490 días
- Víctor Boitano Coleman – 283 días
- Angélica Patricia Chavarría Altamirano – 257 días
- Eveling Carolina Matus Hernández – 219 días
- Fabiola del Carmen Tercero Castro – 203 días
- Eddie Moisés González Valdivia – 201 días
- Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda – 174 días
- Carmen María Saénz Martínez – 174 días
- Steadman Fagot Müller – 170 días
- Leo Catalino Cárcamo Herrera – 70 días
- Fabio Alberto Cáceres Larios – 70 días
- Julio Antonio Quintana Carvajal – 66 días
La estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al negar la información sobre estos prisioneros, así como al mantenerlos incomunicados y aislados, constituye una violación grave de los derechos humanos y se configura como un crimen de lesa humanidad.
“La desaparición forzada de Rivera y de otras personas presas políticas evidencia el desprecio absoluto del régimen por los derechos humanos y los estándares internacionales de protección a personas privadas de libertad. La falta de información, el aislamiento prolongado y la negativa de acceso a familiares y abogados configuran una violación grave al derecho a la vida y la integridad personal, además de constituir un crimen de lesa humanidad”, señala el Mecanismo.
El observatorio destaca que “esta estrategia de terror y castigo” no solo afecta a las víctimas directas, sino que también busca enviar un mensaje de intimidación a la sociedad nicaragüense, en un intento de silenciar cualquier expresión de resistencia o denuncia.
Por ello, pide a la comunidad internacional “mantenerse alerta y exigir con mayor contundencia la presentación con vida de las personas desaparecidas y el fin de estas prácticas represivas”.