Flavio Cárdenas | 19 marzo 2025
Daniel Ortega y Rosario Murillo han intentado manejar los Órganos de la Integración Centroamericana de la misma forma en que controlan las instituciones del Estado nicaragüense: colocando y destituyendo funcionarios a su antojo, especialmente cuando estos dejan de satisfacer sus caprichos más oscuros. Sin embargo, con la vergonzosa excepción del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), no han logrado manipular el Sistema de la Integración como si fuera una extensión de su régimen.
Uno de sus mayores fracasos se dio con la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En un hecho sin precedentes, los propios Ortega-Murillo obligaron a Werner Vargas a renunciar a su cargo tras no poder cumplir con la orden de politizar el SICA en favor de la dictadura y forzar la inclusión de Rusia y China como observadores extrarregionales. Ante la firme oposición de la mayoría de los Estados miembros, Vargas no pudo ejecutar la estrategia dictatorial y fue obligado a presentar su renuncia ante el régimen en lugar de ante la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, el organismo que lo había designado. Esto representó una flagrante violación de las normas del SICA, pues una vez nombrado, Vargas debía responder ante el Sistema en su conjunto, y no ante un solo gobierno.
Desde entonces, la dictadura ha propuesto diversos candidatos para llenar la vacante dejada por Vargas, pero todos han sido rechazados debido a que su lealtad recae exclusivamente en los intereses del régimen y no en los objetivos comunes del SICA.
Más recientemente, los Ortega-Murillo ordenaron la detención en El Chipote y posterior destitución de Carlos Guerra Gallardo, quien, como Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), había sido un fiel servidor de la dictadura. Según información obtenida, los tiranos exigieron que la CCJ emitiera una resolución forzando al SICA a aceptar sin discusión a uno de sus candidatos para la Secretaría General (Denis Moncada Colindres). No obstante, los magistrados de Honduras, El Salvador y Guatemala resistieron la presión, frustrando nuevamente los planes del régimen. La otra magistrada nicaragüense, Silvia Rosales, con su usual servilismo al régimen, se deslindó de la responsabilidad ante los tiranos y culpó a Guerra por el fracaso de la maniobra.
En respuesta, la dictadura ha pretendido reemplazar a Guerra con Juana Méndez, esperando que ella facilitara la imposición de su voluntad. Sin embargo, se encontraron con obstáculos legales que impidieron la ejecución de su estrategia. Primero, la presidencia de la CCJ no es automáticamente transferible con el reemplazo de un magistrado, sino que debe ser elegida entre los miembros de la corte. Segundo, para que Méndez asumiera su cargo de magistrada, no bastaba con su nombramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, sino que debía ser aceptada y juramentada por el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, un órgano integrador de los Poderes Judiciales de los países miembros del SICA, constituido por los Presidentes o Presidentas de los Tribunales Supremos de estas naciones.
El Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, en su artículo 10, establece lo siguiente: «Los Magistrados Titulares y Suplentes de la Corte serán juramentados ante el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe antes de asumir sus funciones». Es decir, para que Juana Méndez pudiera tomar posesión de su cargo, tendría que cumplir con todo un procedimiento para lograr que el Consejo la juramente, lo que excedería el tiempo para que le queda a Nicaragua para asumir la Secretaría General del SICA, con lo cual la dictadura no podría cumplir con su improvisada estrategia.
Al verse nuevamente frustrados, los Ortega-Murillo optaron por su estrategia habitual de aislamiento y abuso de poder, anunciando la salida de Nicaragua de la CCJ, replicando el patrón de su retiro de otras instancias internacionales cuando no pueden imponer su voluntad. Esto deja varias preguntas abiertas: ¿Confiscará la dictadura las instalaciones de la CCJ en Managua, como lo hizo con la sede de la OEA? ¿Qué compensación recibirá Juana Méndez tras la frustración de su nombramiento en la CCJ? Lo único claro es que Rosario Murillo ha aprovechado la situación para consolidar aún más su control sobre los órganos del Estado. Con la salida de Juana Méndez de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Murillo elimina a una figura vinculada a Lenin Cerna y abre el camino para colocar a alguien cuya lealtad no esté dividida, sino que responda exclusivamente a ella. Este movimiento refuerza su influencia dentro del régimen y minimiza cualquier margen de maniobra de otros sectores dentro de la dictadura.
*Flavio Cárdenas | Abogado nicaragüense