El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) presentó su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, alertando sobre la consolidación de un régimen dictatorial y la desaparición sistemática de derechos fundamentales en el país.
Según el informe, el año 2024 marcó un punto de quiebre con la aprobación en 2025 de una reforma constitucional que legaliza patrones de violencia extrema como la persecución religiosa, el encarcelamiento por razones políticas, la violencia estructural contra mujeres y niñas, y la represión transfronteriza.
CALIDH sostiene que con esta reforma, la Constitución nicaragüense ha sido utilizada para abolir derechos y no para garantizarlos.
Entre los ejemplos más alarmantes, el documento señala las golpizas públicas por parte de la policía como símbolo de la represión cotidiana. En uno de los casos más comentados, un joven fue brutalmente golpeado ante la mirada impotente de testigos que solo pudieron grabar los hechos en secreto, por temor a represalias.
Deportaciones masivas y tortura como castigo sistemático
CALIDH denuncia la deportación de 135 prisioneros políticos a Guatemala, muchos de ellos sometidos a torturas extremas. Varios testimonios, incluyendo el del filósofo Freddy Quezada y Fanor Alejandro Ramos, revelan la existencia de centros clandestinos de detención, abusos sexuales, desapariciones forzadas y tratos inhumanos que se ajustan a la definición de crímenes de lesa humanidad.
La organización observa que el Estado aplica un patrón de tortura personalizado, diseñado según el perfil de cada detenido, incluyendo juicios simulados por videollamada, sin conocimiento de las penas ni posibilidad de defensa.
Persecución religiosa y desaparición del espacio cívico
La persecución contra la Iglesia Católica y congregaciones evangélicas también ha recrudecido.
Desde 2018, más de 5,600 organizaciones religiosas han sido cerradas. En febrero de 2025, el régimen expulsó al obispo Rolando Álvarez Lagos junto a otros 18 religiosos, tras años de encarcelamiento y hostigamiento.
El Palacio Episcopal de Matagalpa, donde residía, fue confiscado y convertido en clínica, un acto considerado una profanación por la feligresía.
La Lista Mundial de Persecución (LMP) ubicó a Nicaragua con un puntaje de 71 sobre 100, clasificando el nivel de represión religiosa como “muy alto”.
Mujeres y diversidad sexual: víctimas del desprecio estatal
En cuanto a los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, CALIDH denuncia un panorama de “desprecio absoluto por la vida”. Se resalta el uso de pena perpetua como respuesta punitiva a los femicidios, sin políticas preventivas efectivas, y el desmantelamiento del marco institucional de protección.
Además, la impunidad reina en casos como el de Dina Carrión, donde se utilizó al sistema de justicia para proteger al presunto femicida. Más del 80% de los peritajes forenses por violencia sexual se aplicaron a menores de edad, sin datos públicos sobre muertes por la prohibición del aborto terapéutico.
La población LGBTIQ+ permanece invisible en los registros oficiales. El asesinato de Frania, mujer trans, permanece impune y sin investigaciones serias.
Violencia en el Caribe y crisis migratoria
El informe también documenta la represión sistemática en la región del Caribe, con presencia militar intensificada, violaciones a derechos de comunidades indígenas, y crímenes cometidos por colonos protegidos por el Estado.
El “saqueo territorial” —mediante la minería ilegal y la deforestación— se agrava con violencia letal.
En cuanto a la crisis migratoria, CALIDH advierte sobre una estrategia deliberada de expulsión forzada de ciudadanos. Más de 800,000 nicaragüenses abandonaron el país, mientras el Banco Central de Nicaragua reportó 5 mil millones de dólares en remesas durante 2024.
Paralelamente, aumentan las muertes en tránsito y los riesgos de deportación bajo gobiernos extranjeros como el de Donald Trump.
Aislamiento internacional y ruta hacia la justicia
CALIDH lamenta la retirada de Nicaragua de foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, y la Corte Centroamericana de Justicia, una estrategia que busca evitar el escrutinio ante la imposibilidad del Estado de refutar las investigaciones de organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
CALIDH reafirmó su compromiso con la justicia y presenta en este informe una actualización de sus Treinta Medidas de Justicia Transicional, con enfoque en las víctimas, la no impunidad y una democratización profunda sin pactos fuera del Estado de derecho.
“Pensar la transición no es una cuestión de mañana o de largo plazo. Es del hoy, en el marco de nuestro compromiso con los nicaragüenses de seguir planteando una ruta responsable de aquel momento que se caracterice por la centralidad de las víctimas, la no impunidad, y la democratización absoluta sin pactos ni acuerdos fuera del Estado de derecho y sus instituciones”, concluye el documento.