El sancionado Gustavo Porras, presidente de facto de la Asamblea Nacional de Nicaragua aclaró este martes 20 de mayo que, la reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidady establece que quienes adquieran otra ciudadanía perderán automáticamente la nacionalidad nicaragüense “no será retroactiva”, es decir, no afectará a quienes posean dos o más nacionalidades antes de enero de 2026, fecha en la que debe ser ratificada en una segunda legislatura para que entre en vigor.
“El presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Gustavo Porras, explicó que las Reformas Parciales a la Constitución Política, aprobadas en Primera Legislatura respecto a la nacionalidad nicaragüense, serán aplicadas una vez la Ley se apruebe en segunda Legislatura. Las modificaciones a la Carta Magna, establecen que los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos. Además, señala que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra. El presidente del Órgano Legislativo, mencionó que la Ley, no es retroactiva y que los nacionales que hayan adquirido una, dos o más nacionalidades antes de la publicación de las Reformas Constitucionales deben estar tranquilos”, reza una publicación de la Asamblea Nacional en su cuenta de X.
¿Qué dice la reforma?
La reforma modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución Política. El nuevo texto aprobado en primera legislatura establece:
Artículo 23: “Los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos”.
Artículo 25: “La nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”.
Estas disposiciones suprimen la posibilidad de mantener doble nacionalidad para los nicaragüenses y establecen nuevas condiciones para naturalizarse.
Aunque las autoridades insisten en que la reforma no se aplicará retroactivamente, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación, advirtiendo que el régimen podría usar esta herramienta para despojar de la nacionalidad a opositores y disidentes, como ya ocurrió en 2023 y 2024, cuando más de 300 personas fueron declaradas apátridas por orden de la dictadura Ortega-Murillo.
Si la reforma se ratifica en segunda legislatura, entrará en vigor en 2026. A partir de entonces, cualquier nicaragüense que adquiera otra nacionalidad perderá la suya automáticamente.
Esta decisión, según el orteguismo, busca garantizar “lealtad exclusiva” al país, y se basa —según Porras— en el pensamiento del general Augusto C. Sandino, quien consideraba que la traición a la patria implicaba la pérdida de la nacionalidad.
