En una entrevista realizada en el programa La Mesa Redonda, el periodista nicaragüense exiliado Sergio Marín Cornavaca conversó con el politólogo e historiador costarricense Vladimir de la Cruz sobre la reciente reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que establece la pérdida de la nacionalidad nicaragüense para ciudadanos que adquieran otra ciudadanía.
Durante el programa, Marín y de la Cruz analizaron el contexto y las implicaciones de las reformas a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de Nicaragua, aprobadas en primera legislatura por la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo.
La reforma, que entraría en vigencia tras una segunda aprobación en enero de 2026, elimina el principio de doble nacionalidad para los ciudadanos nicaragüenses.
“Esto es un paso más hacia la negación del derecho a la identidad. El régimen utiliza la nacionalidad como arma de persecución política”, afirmó el periodista Sergio Marín Cornavaca.
Vladimir de la Cruz calificó la medida como “aberrante” y “brutal”, señalando que atenta contra principios jurídicos universales como el ius soli (derecho al lugar de nacimiento) y el ius sanguinis (derecho por herencia). Según el historiador, esta política busca castigar a opositores y disidentes incluso desde el exilio, y advirtió que podría escalar hacia una “cuarta ola” de represalias que afecte a familiares de los desnacionalizados.
“Nadie le puede quitar a uno el lugar donde uno nace, el sol que lo vea uno nacer… el derecho de sangre de los padres que lo progenitan y el derecho del sol que lo ve uno nacer. Son cosas que están ahí inherentes a cada uno de nosotros”, dijo de la Cruz.
“Desgraciadamente en estados autoritarios despóticos, tiránicos de esta naturaleza, se tiende a restringir estos aspectos por control político de la población y por control político de la gente que tiene algún nivel de decisión electoral”, añadió.
Marín también contextualizó esta reforma como parte de una serie de medidas represivas iniciadas en febrero de 2023, cuando 222 presos políticos fueron expatriados y despojados de su nacionalidad, seguidos por al menos 229 ciudadanos más en el exilio.
La actual reforma constitucional, según organizaciones de derechos humanos, amplía el marco legal para seguir persiguiendo a críticos del régimen y facilitar la confiscación de bienes.
Tras una fuerte reacción de la sociedad civil y actores internacionales, el régimen publicó una nota aclaratoria indicando que la ley “no sería retroactiva”.
Sin embargo, tanto Marín como de la Cruz señalaron que estas contradicciones reflejan el carácter improvisado y propagandístico de la medida, que continúa sembrando temor e incertidumbre entre los ciudadanos en el exilio.
El programa concluyó con un llamado a la resistencia cívica, la unidad en la oposición y la denuncia permanente de las violaciones a los derechos fundamentales por parte del régimen Ortega-Murillo.
“Sin pensadores políticos no hay movimiento político. Sin pensamiento político no hay movimiento revolucionario tampoco. Sin ideas políticas contra la dictadura y sin movimiento contra la dictadura no hay movimiento contra la dictadura. Esto tiene que ser muy sólido. Por eso es importante mantener como una llama permanente la crítica a la dictadura, y el análisis a los elementos negativos de la dictadura”, concluyó Vladimir de la Cruz.