El inicio de un nuevo mecanismo interparlamentario de diálogo entre la Unión Europea (UE), el Parlamento Centroamericano (Parlacén) y Costa Rica, previsto para este mes de julio, ocurre en un momento crítico para la región, y en especial para Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha instaurado un modelo autoritario cada vez más cerrado y represivo.
Enrique Sáenz, analista político y exdiputado nicaragüense ahora en el exilio, considera que Europa no puede entrar a este diálogo ignorando la profunda deriva dictatorial de Nicaragua.
“Estamos en una situación parecida a los años 70 y 80: se usan seudónimos, las conexiones son interceptadas, muchos estamos exiliados. Hemos regresado a los tiempos de las dictaduras militares”, declaró en entrevista con el medio alemán DW.
Sáenz formó parte del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, firmado en 2012 y cuya dimensión política y de cooperación fue ratificada apenas en 2024. El acuerdo surgió como una promesa de integración, democracia y desarrollo, pero hoy, según Sáenz, está enfrentando una realidad centroamericana desfigurada por el autoritarismo.
El fracaso democrático del acuerdo: Nicaragua como emblema
“Se firmó un acuerdo entre regiones con el propósito de avanzar en derechos humanos, justicia social, democracia y bienestar. Pero ahora, la dictadura en Nicaragua ha vaciado todos esos principios”, lamenta Haydée Castillo, también nicaragüense exiliada y participante en las negociaciones del acuerdo desde la sociedad civil.
El caso nicaragüense es el más extremo: más de 300 muertos, miles de exiliados, más de 250 personas presas políticas, medios de comunicación cerrados, universidades confiscadas, y una Constitución reformada para imponer el control absoluto del Frente Sandinista. La represión iniciada en 2018 se ha institucionalizado, y la desnacionalización de opositores ha alcanzado niveles sin precedentes en la región.
“El Parlacén no nos representa”
Castillo cuestiona duramente la legitimidad del Parlamento Centroamericano, que formará parte del nuevo diálogo con Europa.
“El Parlacén ha sido indiferente ante las tragedias migratorias y las violaciones de derechos humanos. No representa al pueblo centroamericano, y mucho menos a las víctimas de la dictadura en Nicaragua”.
En su opinión, el Parlamento Europeo no puede limitarse a promover el diálogo sin exigir transparencia, auditorías y coherencia. “Los derechos laborales se deterioran, la sociedad civil está asfixiada, y la pobreza sigue expulsando a millones. Hay que revisar los flujos de inversión europea y exigir resultados tangibles”, enfatizó.
Sanciones y contradicciones
Desde 2019, la UE ha sancionado a 21 funcionarios y tres entidades vinculadas al régimen Ortega-Murillo, por graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, Enrique Sáenz advierte sobre la incongruencia de los organismos multilaterales: “No sirve que la UE sancione mientras el FMI, con participación europea, aplaude la estabilidad macroeconómica del régimen sin mencionar el costo humano de esa supuesta estabilidad”.
Sáenz insiste en que las sanciones deben ir acompañadas de una estrategia global de presión y de apoyo activo a la sociedad civil democrática en Nicaragua. De lo contrario, solo se obtendrán impactos temporales sin alterar la lógica represiva del régimen.
Europa no puede mirar hacia otro lado
Para ambos analistas, el nuevo espacio de diálogo interparlamentario es una oportunidad que no debe desperdiciarse, pero exigen firmeza política y compromiso con los principios fundacionales del acuerdo.
“Es de celebrar que Centroamérica no esté fuera del radar de Europa”, concluye Sáenz. “Pero si Europa no actúa con contundencia ante el colapso democrático de Nicaragua, corre el riesgo de convertirse en cómplice pasivo del autoritarismo y de los riesgos de seguridad que esto representa para toda la región”.
El caso de Nicaragua ya no es solo una tragedia nacional: es un espejo de advertencia para toda Centroamérica.