Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el orteguismo, aprobaron este miércoles en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución que crea la Procuraduría General de Justicia (PGJ), bajo el lema “Todos contra la Corrupción”.
La medida fue avalada por unanimidad con 91 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, en lo que analistas interpretan como una maniobra del régimen Ortega-Murillo para reforzar su control político y judicial, en medio de una ola de detenciones de históricos cuadros del sandinismo.
La reforma modifica los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución y sustituye toda referencia a la actual Procuraduría General de la República por la nueva PGJ, un ente con amplias atribuciones para perseguir delitos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.
Según el texto aprobado, esta nueva entidad judicial representará legalmente al Estado y ejercerá funciones acusatorias “con profundo compromiso revolucionario y patriótico”.
La PGJ asumirá funciones que actualmente desempeñan el Ministerio Público y otros órganos similares, lo que centraliza aún más el poder judicial bajo la autoridad de la dictadura.
El documento aprobado establece que todo acto que vulnere las leyes de probidad será sancionado con “las máximas penas”, y que la lucha contra la corrupción será “implacable y cotidiana”.
Durante la sesión parlamentaria, la primera secretaria de la Asamblea, Gloria Raquel Dixon, afirmó que esta reforma busca “desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar” los actos de corrupción que atenten contra los intereses del pueblo.
Los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron a todas las instituciones del Estado sumarse a esta cruzada.
Un anuncio en medio de detenciones internas
La vocera del régimen y co-dictadora Rosario Murillo anunció la reforma el martes 5 de agosto, argumentando que responde a un “tsunami de corrupción que azota al mundo”.
Sin embargo, el anuncio ocurre apenas días después del encarcelamiento de figuras clave del régimen, como Bayardo Arce, exasesor económico de Ortega y excomandante del FSLN.
También han sido arrestados exjefes de inteligencia vinculados al círculo de Lenin Cerna, otro operador del aparato represivo del sandinismo.
Murillo evitó mencionar estas detenciones en su alocución, pero afirmó que la nueva PGJ identificará, procesará y castigará a los corruptos “sin ninguna consideración”, en una campaña permanente contra quienes atenten contra “el patrimonio del pueblo nicaragüense”.
La reforma fue calificada como de “urgencia” y aprobada en una sola sesión, sin debate ni oposición, como es habitual en un Parlamento sin disidencia efectiva.