La comunidad internacional mostró este lunes su preocupación unánime por la situación del Estado de derecho en El Salvador tras la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general, y pidió respeto por la Constitución local.
El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado el sector gubernamental tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.
Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación, acción que diversos abogados consideran que la anula.
Este lunes, la ONU y la Unión Europea (UE) se han sumado a las reacciones por lo que acontece en El Salvador, y antes habían expresado su preocupación por la situación política la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos.
La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, es la personalidad de mayor rango que se ha pronunciado por el gobierno de EE.UU., con el que el Ejecutivo de Nayib Bukele no pasa por su mejor momento.
RESPETO A LA CONSTITUCIÓN Y ATAQUE AL ESTADO DE DERECHO
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes para mantener los avances democráticos que el país alcanzó tras 12 años de guerra civil (1980-1992).
Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, dijo que está siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano y que “toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de Constitucional”.
El pronunciamiento de la Unión Europea (UE) fue más crítico al considerar las acciones del Legislativo, respaldadas por Bukele, como un atentado contra el Estado de derecho.
Los representantes de la UE en El Salvador, al igual que la misión diplomática de Estados Unidos, no se habían pronunciado antes.
“Las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 1 de mayo de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República, y los consiguientes nuevos nombramientos, atentan contra el Estado de derecho y la separación de poderes en el país”, según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.
La UE dijo que espera que2 los derechos legales y la integridad física de los magistrados estén garantizados en todo momento en el ejercicio de sus funciones”.
Debe salvaguardarse, añadió la UE, “la independencia del Poder Judicial en El Salvador para asegurar la plena separación de poderes y preservar la sólida tradición democrática del país”.
ADVIERTEN DE CRISIS ECONÓMICA
Una veintena de organizaciones de la sociedad civil advirtieron este lunes de la posibilidad de una crisis económica en El Salvador tras la destitución de los magistrados titulares y del fiscal general.
El economista Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que “muchas veces se piensa que los aspectos democráticos están separados de los aspectos económicos pero no es así, tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una crisis económica”.
Señaló que lo que acontece en El Salvador “puede provocar, por ejemplo, un aumento en el precio de los bienes y servicios -es decir un aumento de la inflación-, un aumento del desempleo que a su vez se traduce en un aumento de la deuda y también en un aumento de la pobreza y la desigualdad”.
Castaneda apuntó que este lunes los precios en los bonos en los mercados internacionales “han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, lo que es el primer impacto que uno puede observar”.
Según los datos de Bloomberg, divulgados por algunos medios, los bonos en dólares de El Salvador que vencen en 2025 cayeron un 5,9 %, la mayor bajada de un día desde el 18 de marzo de 2020.
En medio de esta situación, la Junta Directiva del Parlamento se encuentra reunida en privado, y se desconoce si el presidente de dicho órgano de Estado, Ernesto Castro, convocará una sesión plenaria.
De acuerdo con información de la prensa local, los diputados oficialistas, cuyo bloque suma 64 parlamentarios de los 84 en el Congreso, estarían proponiendo la destitución de los magistrados de la Corte de Cuentas, el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
*EFE