La dictadura de Daniel Ortega a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inhabilitó este jueves de forma definitiva a 25 abogados, entre ellos a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, bajo el argumento de que les retiraron su nacionalidad “y son traidores a la patria”.
En una resolución, la Corte Suprema decidió anular los títulos de abogado y notario público a los 25 juristas, a quienes les ordenó además entregar sus títulos, protocolos respectivos, sello, y carné de jurista en 24 horas, “bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese”, pese a que la mayoría fueron expulsados a Estados Unidos o residen en el exilio.
LA LISTA DE ABOGADOS AFECTADOS
- Vilma Núñez
- Uriel Pineda
- Sergio Ramírez Mercado
- Mónica López Baltodano
- Eliseo Núñez Morales
- Rafael Solís
- Héctor Mairena
- Gonzalo Carrión
- Manuel Díaz
- Álvaro Leiva
- Marlon Sáenz “El Chino Enoc”
- Noel Vidaurre
- José Pallais
- Edgar Parrales
- Roberto Larios,
- José Talavera Arauz
- Hugo Rodríguez Flores
- Ana Margarita Vijil
- Osman Aguilar García
- Moisés Astorga
- María Oviedo
- Manuel Sobalvarro
- Róger Reyes
- Hader González
- María José Camacho
Según la Suprema Corte, con su sentencia están dando cumplimiento con las resoluciones judiciales dictadas el 8, 9 y 15 de febrero pasados, en la que se acusó a los 25 afectados como “traidores a la patria” y se les inhabilitó de manera absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
Asimismo, en esas resoluciones se ordenó la pérdida de la nacionalidad de los acusados, y la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades de los acusados, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios.
También se les declaró prófugos de la Justicia y traidores a la patria, indicó.
“Estas personas no pueden ostentar el título ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”, según la sentencia.