Destacados / Nacionales · 26/04/2024

Dictadura trasladó la DIRAC a Procuraduría General de la República

La dictadura de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional, trasladó este jueves la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), un ente adscrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Procuraduría General de la República (PGR), que es la representante legal del Estado.

La DIRAC pasará a formar parte ahora de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, adscrita a la Procuraduría General de la República, según una iniciativa enviada con carácter “urgente” por el dictador Daniel Ortega y aprobada de forma unánime por los orteguistas en el Parlamento.

La Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos fue creada como un ente sin solución de continuidad del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) y de la DIRAC, según el proyecto.

La nueva Procuraduría tendrá entre sus funciones “salvaguardar los derechos del pueblo nicaragüense al garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas”, según sus objetivos

Asimismo, “contribuirá a la solución de conflictos a través de un sistema que protegerá el diálogo y la comunicación”, así como la puesta en práctica de los métodos alternativos de solución de conflictos, reporta EFE.

La norma establece que la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos será dirigida por un Procurador Nacional, quien tendrá a su cargo la dirección de Procompetencia y de la DIRAC.

Los recursos financieros, patrimoniales, bienes inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos inscritos a nombre de la Corte Suprema de Justicia en los que actualmente opera la DIRAC a nivel nacional, se transfieren a la Procuraduría General de la República, según la normativa.

La Corte Suprema de Justicia se encuentra “intervenida” por la Policía Orteguista desde octubre de 2023.