Dictan 90 días de “detención judicial” contra religiosos y laicos de Matagalpa

De forma secreta se celebró la tarde del lunes 22 de agosto, la audiencia inicial contra los sacerdotes y laicos que estuvieron retenidos en la Curia Episcopal de Matagalpa junto a monseñor Rolando Álvarez, decretándoseles los 90 días de “detención judicial” para “investigarlos”, sin que aún se conozca de qué se les acusa.

La información la reveló este miércoles el abogado nicaragüense Yader Morazán, especialista en administración de Justicia, quien denunció que las siete personas fueron llevadas al Complejo Judicial de Managua “con el rostro cubierto”.

Los detenidos por la Policía Orteguista en El Chipote son: los Padres Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrio y José Díaz; el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darvin Leiva y Melquin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas.

En un hilo de Twitter, Morazán sostuvo que “después de 18 días en un limbo jurídico y traslado forzado para sacarlos de la jurisdicción que les toca, al fin se les celebró audiencia” de “forma clandestina” a las siete personas antes mencionadas, por la jueza Gloria María Saavedra Corrales, titular del juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, “validada por un grupo ‘selectivo’ de ‘defensores’ públicos”.

Según mi fuente (que por temor no puede hablar), esta audiencia se celebró por la tarde del lunes 22 de Agosto del 2022, en la única sala que conecta directamente a las celdas del Complejo Judicial de Managua(No.6), una vez que se había retirado el personal que sale a la 1:00pm”, escribió.

Según mi informante, las 7 personas fueron llevadas ahí con el rostro cubierto, y como era de esperarse, en esa encerrona no hubo resistencia para la formalización de la ‘detención’ de 90 días para ‘complementar’ actos de investigación, bajo una de las nuevas leyes de Ortega”, añadió.

Morazán, apuntó que la Fiscalía “no argumentó las razones por las cuales necesitan más tiempo para complementar actos de investigación, ni sobre que indicios se sustentan los actos iniciales de investigación que requieren ser complementados. ¡Y a la jueza ni le interesó preguntar!”.

El abogado sostuvo que “estamos delante de un Estado que opera como mafia, y se confabula para sustraer a los procesados de su juez natural, mantenerlos en condiciones de desaparición forzada, sin comunicación con sus familiares o abogados, y sin derechos humanitarios o menos del debido proceso”.

Que planifica desde el Ejecutivo, crean las condiciones en el Poder Legislativo, anticipan sus amenazas a través de las declaraciones de la vocera oficial, pasando por diputados y divulgadores, y terminando en las manos de los operadores del sistema Judicial dirigido por policías”, finalizó.

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