La diputada liberal, Azucena Castillo, integrante de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, donde se discute el proyecto el proyecto de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, alertó sobre la “abierta discrecionalidad” que tendrá el régimen de Daniel Ortega para aplicar dicha ley, pues las acciones penales se extienden a las actividades que se tengan lugar fuera del país.
Conocida popularmente como “Ley Putin”, el proyecto incluye acciones penales contra todo ciudadano que sea calificado como “agente extranjero” y que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras, o emprenda actividades que representen “una amenaza a la seguridad del Estado”.
“Hoy lo dejan muy claro, ahora queda claramente qué actividades en el exterior, cualquier actividad también entre partidos. Se trata de evitar cualquier tipo de oposición”, dijo Castillo a la Voz de América.
Agregó que “han creado este tipo de herramientas extremadamente inspeccionables (y) están desnivelando el terreno de la competencia y creando una figura de competencia desleal política”.
La ley tiene como objetivo “establecer el marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales y jurídicas, nacionales o de otra nacionalidad, que correspondiendo a los intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencias de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando con la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país”.
En el proyecto original fue modificado con excepciones de personas y organizaciones que no están obligadas a registrar sus recursos y actividades cuando provengan de financiamiento externo entre ellas.
No obstante, para María Teresa Blandón, directora del Programa Feminista la Corriente, las modificaciones hechas mantienen “inalterable la intención del régimen Ortega-Murillo de reforzar la censura y de impedir que circulen ideas críticas y otras alternativas de participación ciudadana”.
“Incluso las excepciones dejan intacta la posibilidad de que el Ministerio de Gobernación investigue e intervenga”, advirtió.
Por su parte, el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, defendió la iniciativa ante los medios oficialistas, asegurando que se trata de “proteger la soberanía del Estado”.
“Lo que tienen que hacer es inscribirse ante la dependencia del Ministerio de Gobernación que se va a crear por ministerio de la ley para poder desarrollar dentro del marco de la ley su función, siempre y cuando sea un interés lícito y legítimo, porque la injerencia de gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras, organismos no gubernamentales extranjeros o cualquier entidad personas jurídica o extranjera en asuntos de políticas internas de Nicaragua es ilegal”, expresó Gutiérrez.
Se espera que la propuesta de ley sea aprobada en la Asamblea Nacional esta misma semana.