Con 70 votos a favor por parte de los diputados orteguistas fue aprobada hoy la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, contra 17 votos de los diputados del PLC, en la Asamblea Nacional.
La ahora ley, controlará a las organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras; y podrá ser usada contra la oposición y la prensa independiente con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas al régimen de Daniel Ortega, según la oposición y organismos.
Aunque la discusión y aprobación de la legislación estaba prevista para mañana viernes, esta se adelantó para hoy.
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La polémica ley conocida también como “ley Putin”, clasificará como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”.
Las personas que “actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Tienen también prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas, o a asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua.
Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza.
Asimismo, la ley advierte que la “presentación de documentos o pruebas falsas puede incurrir en responsabilidad administrativa y penal, según sea el caso, previamente determinada por autoridad competente”.
Esa ley contempla multa, la confiscación de sus bienes y la cancelación de la personalidad jurídica a “agentes extranjeros”, si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”, y les prohíbe que se postulen a cargos públicos.
La negativa a inscribirse como “agente extranjero” autorizará a intervenir los fondos y bienes muebles e inmuebles de la persona física o jurídica que se niegue a cumplir la Ley, así como prohibir sus actividades.