Con 70 votos a favor y 14 en contra, los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron la mañana de este lunes la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que prohíbe a aquellos nicaragüenses que encabecen o financien “un golpe de Estado” o “alteren el orden constitucional” a optar a cargos de elección popular, a un año de celebrarse las próximas elecciones.
La ley como iniciativa había sido enviada a la Asamblea Nacional por el dictador Daniel Ortega el viernes pasado, argumentando que tiene por objeto “hacer prevalecer el principio constitucional de la independencia, la soberanía, y la autodeterminación nacional, así como la no injerencia en los asuntos internos del pueblo nicaragüense”.
La Ley establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, no podrán optar a cargos de elección popular.
Tampoco los que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Además, no podrán optar a cargos de elección popular “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.
“El artículo 147 de la Constitución Política señala la prohibición de optar a la presidencia de la República a todo nicaragüense que encabece, o financie un golpe de Estado, que altere el orden constitucional”, dice la legislación.
De igual forma, el régimen argumenta que la legislación penal señala que quedan limitados los derechos políticos de los nicaragüenses que incurran en actos contrarios a la Constitución Política.
Luego que se aprobara la nueva ley, los diputados orteguistas aplaudieron celebrando y se levantaron rápidamente se sus asientos, sin referirse a las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados le aplicó a Wálmaro Gutiérrez.