Con 70 votos a favor y 9 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó este martes la reforma a la Ley General de Bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, con la que el régimen de Daniel Ortega amplía las sanciones a esas entidades y a sus funcionarios.
La reforma establece multar al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una institución bancaria “que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte”.
También a los que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización, supervisión o inspección, según el texto.
El régimen pretende sancionar a los funcionarios con una multa equivalente entre dos veces y ocho veces su salario mensual, “sin perjuicio de las demás sanciones que la legislación establezca”, de acuerdo al proyecto.
En el caso de los directores, la multa será mayor, y en el caso de que las infracciones sean muy graves o reincidentes, el superintendente de bancos podrá ordenar la remoción definitiva del cargo del infractor.
Según el régimen, la reforma a la ley es porque “el Estado de Nicaragua ha expresado su firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva con el objetivo de proteger la economía nacional”.
También para supuestamente fortalecer su ordenamiento jurídico y la acción supervisora de las autoridades, y que el sistema financiero del país “se robustezca, siendo este capaz de evaluar, gestionar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesto”.
La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.
En Nicaragua operan siete bancos privados: Banco de la Producción (Banpro), Banco Centroamericano (Bancentro-Lafise), Banco de América Central (Bac), Banco de Finanzas (Bdf), Banco Ficohsa, Banco Avanz, y Banco Atlántida de Nicaragua.