El jurista nicaragüense menciona las violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas entre abril y mayo de este año
Al menos 55 personas fueron detenidas por la Policía Orteguista entre abril pasado y este mes de mayo, y acusadas de supuestos delitos de “traición a la patria” en audiencias exprés, sin derecho a una defensa privada; y algunos de ellos liberados horas después, pero obligados a firmar diariamente en delegaciones policiales.
Al respecto, el jurista nicaragüense Uriel Pineda, consultor independiente en temas de Derechos Humanos, mencionó las violaciones al debido proceso por parte de un Poder Judicial que “se sigue prestando a la política de persecución del régimen” de Daniel Ortega en Nicaragua.
“En primer lugar hay detención ilegal porque la detención solo puede darse en flagrancia o como una orden judicial, acto seguido hay una violación a la defensa porque no hay evidencia que exista contacto con abogados; y por otro lado, hay referencia que les obstaculizan la asistencia legal en ese sentido. Finalmente, todo repercute en una violación al debido proceso desde las perspectivas de los derechos humanos”, mencionó a La Mesa Redonda.
Agregó que, “la obstaculización del derecho a la defensa, también es una violación al debido proceso, y lo que he notado es la ausencia de independencia judicial porque cualquier operador de justicia ante ese escenario debe adoptar una postura de garante a los derechos humanos; y esa negativa lo que viene es a confirmar que los operadores de justicia que hay en el Poder Judicial se pliegan a esta política de persecución del régimen”.
Los nuevos perseguidos políticos además son obligados a firmar diariamente ante delegaciones policiales, lo que para el experto no tiene asidero legal, por lo que es otra violación a los derechos humanos de las personas afectadas.
“No tiene justificación (…) Esto lo que busca es generar intimidación, de manera tal de que los fundamentos legales que está usando el régimen para estos actos intimidatorios no son aplicables, toda vez que los está desnaturalizando”, expuso.
“MUTACIÓN” DE ESTRATEGIA REPRESIVA
A juicio del abogado nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega ha tenido esta “mutación” de estrategia represiva “porque el tema de tener presos políticos le ha acarreado un alto costo político”.
“Tiene que buscar un mecanismo igualmente eficaz para contener cualquier organización y esto lo hace por medio de la intimidación y la amenaza de encarcelamiento”, destacó.
“Además esto evidencia –por prestarse el Poder Judicial—el hecho que también hay una ausencia, una nulidad de independencia judicial en Nicaragua. Es decir, el Poder Judicial se sigue prestando a la política de persecución del régimen”, afirmó.
“Yo creo que esta mutación en la estrategia y política de persecución del régimen finalmente lo hace tomar distancia del efecto del crimen de lesa humanidad. Es decir, estamos en presencia –aunque de violaciones a derechos humanos—de un umbral de menor gravedad que los crímenes de lesa humanidad que se presentaron por tener presos políticos con esta misma política”, explicó Pineda.
Para el experto, los secuestros exprés son “un acto de persecución política” y habilita la posibilidad de solicitar asilo o refugio fuera de Nicaragua. Sin embargo, “no estamos en presencia de una intensión de desplazamiento, sino ante un acto de intimidación y amenaza”, mencionó.