El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles 17 de mayo en horas de la mañana la disolución de la Asamblea Nacional de su país en medio del juicio político que afronta en el organismo legislativo y que había iniciado el martes.
“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, afirmó Lasso.
“El mandatario argumentó que “no es posible avanzar con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno y del Estado”.
El mandatario además convocó elecciones presidenciales y legislativas como efecto de su declaración de la “muerte cruzada”.
“Esta es una decisión democrática no solo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, manifestó Lasso.
El decreto, entre tanto, menciona que el presidente Constitucional de la República decreta “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador”.
Con la decisión el Consejo Nacional Electoral de Ecuador tendrá un plazo de siete días para convocar elecciones.
El martes comenzó a discutirse en la Asamblea Nacional el juicio político en contra del presidente ecuatoriano.
Lasso fue llevado al juicio político en medio de acusaciones por no haber dado por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers. Ese contrato le habría representado perjuicios a las arcas estatales de Ecuador.
En su defensa, el jefe de Estado sostuvo que tanto el contrato, la adenda y el informe de Contraloría transcurrieron entre el 2018 y el 2020, “tres años antes de que asumiera la presidencia de la República”.
Cabe resaltar que se necesitaban 92 votos a favor, es decir, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, para destituir al presidente.
¿Qué es la muerte cruzada?
La “muerte cruzada” es un procedimiento previsto en la Constitución de Ecuador, que le permite al jefe de Estado forzar elecciones tanto para su propio cargo como para una nueva Asamblea Nacional.