Estados Unidos acusó este martes al régimen de Daniel Ortega de intentar intimidar a las instituciones financieras al bloquear las cuentas de los funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados, y puso de ejemplo el caso del presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas.
El banquero Rivas, quien se encuentra encarcelado desde el 15 de junio pasado, fue acusado ayer por el Ministerio Público del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
“El arresto del presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas, por supuestamente incitar a la interferencia extranjera, parece un intento desesperado e inhumano de intimidar a las instituciones financieras que están cumpliendo con las sanciones internacionales”, indicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. en un mensaje en Twitter.
En el mensaje, enviado a la prensa por la embajada estadounidense en Managua, Washington consideró que con el arresto de Rivas, hace dos meses y medio, se “señaló que la represión radical del presidente (Daniel) Ortega iría más allá de la oposición y de sus críticos, y buscaría castigar a cualquiera que se haya cruzado con él y con la cleptocracia que ha establecido en Nicaragua”.
BANCO HA BLOQUEADO CUENTAS DE SANCIONADOS
Sostuvo que el Banpro, que forma parte del grupo financiero Promerica y es “el banco más grande de Nicaragua, ha bloqueado cuentas de funcionarios del régimen sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea”, y que Rivas, un economista de formación que ocupó cargos en la Administración del expresidente nicaragüense Enrique Bolaños (2002-2007), “puede estar pagando el precio”.
Las sanciones internacionales han afectado a cerca de 30 empresas, funcionarios, allegados y familiares de Ortega, entre estos su mujer Rosario Murillo, cuatro de sus hijos, además de su consuegro y director de la Policía, Francisco Díaz, y el titular del Parlamento, Gustavo Porras, precisó EFE.
La Fiscalía acusó a Rivas junto a los exguerrilleros sandinistas disidentes Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, y la dirigente opositora Suyen Barahona, del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.