En el “Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura”, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de seguir “usando la tortura para silenciar la disidencia”, según un comunicado de prensa publicado hoy por la portavoz Morgan Ortagus.
El documento señaló a regímenes de varios países de usar la tortura para “reprimir y castigar” a la población, entre estos Nicaragua.
Ortagus dijo que en países como Nicaragua además se usa la tortura para coaccionar confesiones y extraer castigos extrajudiciales, “acciones que son antitéticas al estado de derecho”.
“Pedimos a los regímenes de Nicaragua y Cuba y al ilegítimo régimen de Maduro en Venezuela que se abstengan de usar la tortura para silenciar la disidencia y que cesen la represión autoritaria de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, demandó la funcionaria.
Estados Unidos llamó a todos los gobiernos para que actúen para prevenir la tortura, para proporcionar compensación y rehabilitación a los sobrevivientes de la tortura, y para llevar ante la justicia a quienes se dedican a la tortura.
“Estados Unidos se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la responsabilidad de quienes participan en estas prácticas, que pueden destruir la vida de las víctimas”, agregó el comunicado.
Las torturas en Nicaragua
En Nicaragua, los métodos de tortura que utiliza el régimen Ortega-Murillo han sido mayormente denunciados en los últimos dos años en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, pero las denuncias datan de años atrás.
El Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que trabajó en Nicaragua el tema de la violencia durante un periodo de manifestaciones, aseguró en su informe que “las torturas a las que fueron sometidas casi la totalidad de las personas entrevistadas ocurrieron en el marco de interrogatorios, para obtener información de inteligencia o como una forma de castigo por haber participado en las protestas. Todas ellas estaban dirigidas a someter a las víctimas, a quebrar su voluntad y a evitar que continuaran oponiéndose a un régimen autoritario. Todos ellos refieren las graves consecuencias físicas y psicológicas que continúan padeciendo: problemas para conciliar el sueño, miedo crónico, recuerdos recurrentes, desconfianza hacia las personas”.
El documento del GIEI concluyó que las torturas a presas y presos políticos fueron ejecutadas en la mayoría de los centros de detención del país. De las 53 personas entrevistadas, en 50 casos se logra evidenciar que fueron víctima de torturas, es decir, el 94.33% de los detenidos.
De los actos de tortura más repetidos se encontró que cuatro personas fueron violadas sexualmente y cuatro con saña, a ellas les arrancaron las uñas. Otras seis personas fueron torturadas con choques eléctricos, a uno de ellos le hicieron descargas en los testículos.
ONU: tortura, “un crimen de lesa humanidad”
Este mismo viernes António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) expresó que “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”.
La ONU calificó la tortura como “un crimen de lesa humanidad”, y condenó su práctica por ser uno de los actos “más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes”.
“La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. Está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad”, indicó la ONU.
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General, en su resolución 52/149, proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 39/46), que entró en vigor el 26 de junio de 1987.