El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes acciones contra siete ciudadanos centroamericanos “por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción” en sus respectivos países.
“Estados Unidos está comprometido a apoyar a la gente del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor. Para avanzar en esta prioridad, hoy estamos agregando siete perpetradores a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de los Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte, que generalmente hace que los perpetradores no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Estas designaciones responden a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala”, señaló el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a través del comunicado.
La lista transmitida al Congreso detalla los siguientes ataques a la democracia y a las medidas anticorrupción:
El Salvador
Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Hector Nahun Martinez Garcia, Jose Angel Perez Chacon y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Cámara por parte de la Asamblea Legislativa. Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima luego de que el 1 de mayo se sentara la Asamblea Legislativa recién elegida. Una vez instalados, los nuevos Magistrados declararon constitucional su instalación por la Asamblea Legislativa. Los Magistrados socavaron los procesos o instituciones democráticos al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente a pesar de una prohibición expresa en la Constitución que prohibía mandatos consecutivos a la Presidencia, detalló Estados Unidos.
Guatemala
María Consuelo Porras Argueta De Porres, El actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales con el fin de proteger a los aliados políticos y ganar el favor político personal. El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones sobre aliados políticos llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluso despidiendo indebidamente a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y traslado y despido de los fiscales que investigan a la actual administración o al propio MP. Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP, obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra, precisó.
“Estados Unidos seguirá utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano. Continuaremos asociándonos con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular. Y continuaremos apoyando al pueblo de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”, concluyó Blinken.