El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken anunció este lunes las restricciones de visa a más de 500 funcionarios del régimen de Daniel Ortega, por haber “permitido o facilitado detenciones violentas e injustas, juicios falsos y sentencias de prisión escandalosas para 205 presos políticos” e “impedir el regreso de la democracia” en Nicaragua.
“Hoy, estamos anunciando pasos para imponer restricciones de visa a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares. Lo hacemos de conformidad con la Proclamación Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes de miembros del Gobierno de Nicaragua y otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas o impidan el regreso a democracia en Nicaragua”, dijo en un comunicado Blineken.
El Departamento de Estado no proporcionó una lista de los funcionarios afectados por las sanciones, pues los datos sobre esos documentos son confidenciales, según la ley de Estados Unidos.
Sin embargo, sí mencionó que los desvisados incluyen miembros de los servicios de seguridad de Nicaragua, como la Policía, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios de educación superior y actores no gubernamentales que “permiten la represión y la corrupción del régimen, así como a sus familiares”, precisó el Departamento de Estado.
La Casa Blanca también anunció una enmienda a la Orden Ejecutiva (EO) 13851 sobre Nicaragua que amplía las autoridades de sanciones, incluidas medidas específicas relacionadas con el comercio para Nicaragua.
“Estas nuevas autoridades apoyarán nuestros esfuerzos para hacer que el régimen Ortega-Murillo rinda cuentas”, destacó el Departamento de Estado.
El gobierno de Joe Biden señaló que “las acciones aceleradas del régimen este año cerrando el espacio para la sociedad civil, aumentando su cooperación de seguridad con Rusia y silenciando las voces independientes a pesar de los amplios llamados internacionales al diálogo y la moderación obligan a Estados Unidos a actuar”.
“Los gobiernos que niegan los derechos básicos de su pueblo o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas”, zanjó.
Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso sanciones a la autoridad minera de Nicaragua, la Dirección General de Minas, una oficina del Ministerio de Energía y Minas, y a Reinaldo Gregorio Lenin Cerna Juárez, “un confidente cercano de Presidente Ortega de Nicaragua”.
“Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, cree que el retorno a la democracia y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua es esencial. Usaremos las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen Ortega-Murillo, reiterar nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos e instar a la restauración del espacio cívico para el pueblo de Nicaragua”, concluyó Blinken.