*Por Expediente Público
Daniel Ortega iniciará oficialmente su cuarto mandato consecutivo como presidente en Nicaragua este 10 de enero de 2022, pese al rechazo de la comunidad internacional que cuestiona los resultados de las votaciones del 7 de noviembre de 2021 y de países como Estados Unidos (EE. UU.) que sostiene que esta toma de posesión carece de legitimidad y se encamina a convertirse en una “dictadura dinástica”.
“El presidente Ortega y la vicepresidente (Rosario) Murillo de Nicaragua se declararon ganadores de unas elecciones nacionales cuyo resultado era totalmente predecible y el próximo 10 de enero pretenden llevar a cabo la toma de posesión de un régimen que no tiene mandato democrático para gobernar”, dijo en exclusiva a Expediente Público un portavoz del Departamento de Estado de EEUU.
Para Estados Unidos, Ortega y su esposa Rosario Murillo, que asume su segundo mandato consecutivo como vicepresidenta del país centroamericano, negaron a los nicaragüenses la posibilidad de votar en unos comicios libres y justos en noviembre pasado.
Las elecciones en el país centroamericano fueron antecedidas por meses de represión y el encarcelamiento de más de 40 líderes de la oposición, incluidos siete precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y exdiplomáticos.
“El régimen Ortega-Murillo privó a los nicaragüenses de cualquier elección real al disolver todos los partidos de oposición genuinos y encarcelar a todos los principales candidatos presidenciales, despojando al voto del 7 de noviembre de cualquier significado real”, insistió el portavoz del Departamento de Estado.
Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle señaló a Expediente Público que la toma posesión de Ortega y Murillo no es representativo de un sistema democrático.
«No hay nada que celebrar más bien hay que estar muy pendiente de los presos políticos y las formas en que el país se ha alejado de los otros países democráticos de la región», dijo Olson.
Toma de posesión cerca del plazo de la OEA
La toma de posesión de Ortega y de Murillo ocurre a pocos días del plazo establecido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para entregar “a mediados del mes de enero” un informe sobre las gestiones que hace con el gobierno de Nicaragua, con el fin de negociar una salida a la crisis sociopolítica.
El país centroamericano vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos desde abril de 2018, debido a unas fallidas reformas al Seguro Social que fueron rechazadas por la población nicaragüense.
La crisis dejó al menos 355 personas asesinadas por la represión estatal de la policía y grupos de paramilitares durante las protestas sociales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La represión también dejó como saldo a más de 2,000 personas heridas y el éxodo de nicaragüenses. A la fecha más de 110 mil personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua para salvaguardar su integridad, señaló la CIDH en un comunicado.
El 17 de diciembre de 2021, Almagro envió una comunicación al embajador Josué Fiallo, quien fungía como presidente del Consejo Permanente, en la que solicitó a ese organismo hemisférico ampliar hasta mediados de enero de 2022 el plazo que la resolución del 8 de diciembre establecía para el 17 de ese mismo mes.
En la resolución del 8 de diciembre los países encomendaron al secretario general de la OEA realizar esas gestiones diplomáticas con el régimen a fin de instar al régimen a que, como primera medida, ponga en libertad a todos los presos políticos y acepte una “misión de buenos oficios de alto nivel” para que se pueda llegar a un acuerdo.
Almagro, sin embargo, informó que al 17 de diciembre no existía una “respuesta definitiva” sobre el asunto y que, vistas las circunstancias políticas y las fechas de Navidad y Año Nuevo proponía extender el plazo hasta mediados de enero.
EE. UU. considera que para retomar el camino a la democracia es fundamental que el régimen libere a las más de 160 personas presas políticas.
Los familiares de los presos que están recluidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “El Chipote”, en Managua, denunciaron que persisten las violaciones de derechos humanos y la salud física y psicológica de los detenidos continúa deteriorándose.
“Estados Unidos se une a otras democracias, incluso en la OEA y la Unión Europea, para presionar por el regreso a la democracia a través de elecciones libres y justas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Esto debe comenzar con la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado.
Invitados de “países hermanos”, según Murillo
Al menos 300 acompañantes de partidos, organismos y asociaciones de “países hermanos” asistirán a la investidura de Ortega y Murillo sujeta a realizarse esta tarde, informó la semana pasada el gobierno.
Las delegaciones aliadas del régimen provenientes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Irán, Palestina, India, Turquía, Vietnam, Laos, Camboya, Angola, Corea del Norte, Siria, Egipto, Malasia, Bielorrusia y la República Árabe Saharaui estarán presentes en el acto de la toma de posesión.
La mayoría son países señalados de violar derechos humanos de sus poblaciones y son aliados del régimen.
Para el acto se confirmó la presencia de invitados de la Federación Rusia y de la República Popular de China, este último con quien el régimen acaba de establecer un acercamiento diplomático tras la ruptura con Taiwán el 9 de diciembre de 2021.
“Nicaragua ha pasado de ser una democracia en peligro a convertirse en un régimen autocrático represivo. Peor aún, parece que Ortega y Murillo esperan convertirla en una dictadura dinástica dirigida por una familia, como la que los sandinistas derrocaron hace 40 años bajo la familia Somoza”, señaló a Expediente Público el portavoz del Departamento de Estado.
Ortega volvió al poder en 2007 al obtener el 38% de los votos escrutados en esas elecciones. El mandatario que reformó la Constitución y realizó reformas electorales a su medida que le permitieran la continua reelección desde entonces ha sido acusado por fraudes electorales.
«Es triste ver a Nicaragua aliándose a países como Venezuela, Irán y China, por ejemplo, ellos son países donde está bien documentado la violación a los derechos humanos y las prácticas antidemocráticas. Yo creo que es un error para Nicaragua y más bien para el pueblo nicaragüense que su gobierno ilegítimo los conecte o alíe con estos países», enfatizó el director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle.
Ausencia de España tras roce diplomático
Medios internacionales informaron que el gobierno de España, que preside el presidente Pedro Sánchez, no enviará ninguna representación para el acto de investidura de Ortega y Murillo.
En junio de 2021 las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos subieron de tono después de las polémicas declaraciones de la entonces ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, con relación a la situación de los presos políticos.
“Nos preocupa la ciudadanía nicaragüense; nos preocupa que se estén pisoteando sus derechos”, manifestó entonces González Laya.
En respuesta el 26 de junio de 2021 el ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondió a través de una misiva las “ofensivas declaraciones” de la diplomática española.
“Mostrando una ignorancia atrevida, y una ferocidad impropia para la diplomacia, la señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad», manifestó el gobierno nicaragüense.
España fue uno de los primeros países en rechazar las elecciones del pasado 7 de noviembre al considerar que carecieron de las “mínimas garantías democráticas exigibles”.
En un comunicado emitido el 8 de noviembre de 2021 el gobierno español dijo que los comicios fueron una “burla”.
“Su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio”, señaló España.
A través de medios extranjeros también se conoció que el gobierno de Argentina que preside Alberto Fernández tampoco enviará a un representante a la toma de posesión de Ortega y Murillo.
El 8 de noviembre de 2021, un día después de las votaciones en el país centroamericano, el gobierno argentino evitó condenar la farsa electoral, aunque insistió en su «histórico compromiso con la defensa de los derechos humanos» y dijo apoyar el trabajo que realiza la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua.
«La posición de España, Estados Unidos y otros países de la región y de Europa es muy clara y la correcta de no reconocer la legitimidad de estas elecciones y un gobierno impuesto por Daniel Ortega», manifestó Olson.
El director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle señaló que romper las relaciones diplomáticas entre estos países con Nicaragua sería el «último paso» en el actual contexto.
Aunque el gobierno de Ortega no goza de legitimidad siempre se debe dejar abierta la posibilidad de alcanzar una manera de hablar para buscar una salida a la crisis que vive el país centroamericano.
«Yo no soy muy optimista en ese sentido, entiendo muy bien que el gobierno de Nicaragua no tiene interés en cambiar su manera de pensar, su manera de imponerse y de violar los derechos humanos, pero siempre en la diplomacia se deja abierta esa última posibilidad de un diálogo, un contacto», manifestó Olson.
Plataformas opositoras rechazan investidura
Desde el exilio las organizaciones opositoras rechazaron la investidura de Ortega y Murillo y declararon “ilegítimo” su mandato.
Al menos siete organizaciones emitieron el pasado 6 de enero una declaración conjunta en la que insisten que Nicaragua continuará sin gobierno y sin poderes legítimos del Estado.
Las organizaciones civiles Articulación de Movimientos Sociales, Concertación Abril, Movimiento por el cambio, Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres, Unidad Nica, Unidos por Nicaragua y SOS Nicaragua Europa consideran que “el pueblo de Nicaragua habló fuerte y claro” con su «silencio en las urnas” en los comicios de noviembre de 2021.
Como único camino para recuperar las libertades constitucionales en Nicaragua las organizaciones proponen “avanzar con urgencia” hacia un solo acuerdo nacional y mantener una “resistencia organizada, permanente y articulada”.
«Nicaragua está en un momento muy complejo a nivel internacional, pero también dentro de la oposición nicaragüense es un tiempo para buscar más conciliaciones entre ellos mismos, buscar unidad, más fortaleza para en el futuro ellos puedan volver a competir electoralmente si así lo desean», insistió Olson.
Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones
Gonzalo Rojas Ortuste, doctor en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, explicó a Expediente Público que la investidura de Ortega y Murillo tiene “los obvios agravantes de ilegitimidad”.
Ortega y Murillo fueron reelegidos con el 75% de los votos, según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
Las cuestionadas elecciones, sin embargo, estuvieron marcadas por un alto nivel de abstencionismo que rondó el 80%, según el observatorio de la sociedad civil Urnas Abiertas.
Rojas Ortuste enfatizó que el régimen nicaragüense pese a no ser un gobierno democrático está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales.
“Un gobierno de las características del periodo que quiere continuar ahora la pareja de dictadores no por ello debe prescindir de sus obligaciones internacionales, incluso legales, justamente porque pretende tener títulos de gobierno legítimamente elegido, sabemos que no es así, pero esa es su pretensión y sobrevienen obligaciones de respeto al derecho internacional”, dijo Rojas Ortuste.
Para el gobierno de Estados Unidos, si bien el gobierno actual ya no es democrático, Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones internacionales de defender los principios democráticos y el estado de derecho.
“El pueblo nicaragüense merece disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales”, coincidió el portavoz del Departamento de Estado de EEUU.
En respuesta a las fraudulentas elecciones el 15 de noviembre de 2021 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictó sanciones contra nueve funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta Murillo.