El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este martes al régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo en su informe anual sobre los derechos humanos, en el que expresó que “Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario” dominado por la pareja de dictadores.
Este documento, publicado hoy y relativo a 2020, sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país miembro de las Naciones Unidas.
En la introducción del texto, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que en Nicaragua, “el corrupto régimen de Ortega aprobó leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes”.
Washington también acusó a Ortega y a grupos paramilitares de llevar a cabo “una campaña de acoso, intimidación y violencia” contra aquellos que son percibidos como “enemigos”, entre los que se incluyen activistas de grupos de derechos humanos y por la democracia.
En ese sentido, Estados Unidos responsabilizó a los paramilitares y fuerzas de seguridad de “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias”, que quedaron impunes.
“La Policía Nacional de Nicaragua mantiene la seguridad interna. El ejército es responsable de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades de seguridad interna. Ambos reportan directamente al presidente, de conformidad con los cambios en el código policial y militar en 2014. Los parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad gubernamentales, bajo el control directo gobierno, y reportar directamente a la policía nacional. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales y parapoliciales. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos”, dice el informe.
“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; detenciones arbitrarias por policías y parapolicías; presos y detenidos políticos; represalias por motivos políticos contra personas ubicadas fuera del país; una grave falta de independencia del poder judicial; e interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad. Hubo serias restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; y una injerencia sustancial en los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, así como severas restricciones a la libertad religiosa, incluidos ataques contra la Iglesia Católica Romana y los funcionarios de la iglesia. El gobierno continuó impidiendo que nueve organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil recuperaran su personería jurídica y retuvo ilegalmente sus activos, impidiéndoles operar; durante el año, el gobierno despojó a una organización no gubernamental más de su estatus legal. Las restricciones gubernamentales a las libertades de expresión, asociación y reunión impidieron cualquier elección significativa en las elecciones. Las elecciones para autoridades municipales, así como para presidente y vicepresidente y representantes de la Asamblea Nacional se han considerado empañadas por fraude e irregularidades desde 2008. Hubo una corrupción generalizada; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; trata de personas; discriminación y violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas; amenazas y ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; y trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial”, agregó.
El informe anual del Departamento de Estado examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo respecto a los derechos humanos.