EEUU denunció una mayor persecución contra la Iglesia en Nicaragua

El embajador de Estados Unidos para la Libertad Religiosa, Rashad Hussain, denunció ayer jueves que el régimen de Daniel Ortega tiene en prisión a 11 religiosos y ha forzado al exilio a varios más como parte de una campaña de ataques y persecución a la Iglesia católica de Nicaragua.

Hussain ofreció una rueda de prensa en Nueva York junto a los defensores de derechos humanos nicaragüenses Juan Carlos Arce y Leyla Prado en el marco del 77 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Es particularmente alarmante el incremento de los ataques” del régimen de Ortega a la Iglesia católica y sus fieles, dijo el diplomático y asesor del presidente Joe Biden en asuntos religiosos.

Agregó que en los últimos meses el régimen de Ortega cerró 10 radioemisoras católicas y expulsó a 18 monjas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta que laboraban en el país desde hace muchos años.

Indicó que Ortega también obligó al exilio a varios sacerdotes y que envió a prisión a otros seis, la mayoría sin cargos, así como a dos seminaristas, un diácono y un laico, todos ellos colaboradores del obispo Rolando Álvarez, quien permanece bajo arresto domiciliario desde hace 42 días.

Hussain acompañó en la conferencia a Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien dijo que su país vive “una situación dramática” porque el régimen está decidido a eliminar cualquier signo de disidencia.

Arce recordó que en marzo Ortega expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag, quien en 2019 había intercedido por una amnistía para los opositores presos. Destacó que de las más de 1.800 organizaciones no gubernamentales clausuradas por el gobierno este año, 29 eran de carácter religioso, incluidas escuelas y universidades católicas.

Sobre el obispo Álvarez dijo que el prelado se encuentra “en desaparición forzada”, pues se desconoce su situación y “nadie lo ha visto” desde que la policía lo confinó a una vivienda en Managua el 19 de agosto y con vigilancia permanente.

Arce también se refirió a las prohibiciones de las populares procesiones religiosas. “La población ya no puede expresar su fe en la calle, esto violenta la libertad religiosa y de expresión”, afirmó.

Prado, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, dijo que Ortega quiere “callar a la Iglesia católica” y ha implantado “una persecución sistemática de las voces críticas” o disidentes.

Señaló, asimismo, que de los 11 religiosos encarcelados tres han sido procesados “en juicios espurios, contradictorios e ilegales” y de éstos dos fueron acusados por supuestos delitos comunes y no tuvieron derecho a una defensa independiente.

El gobierno mantiene una espada de Damocles sobre la Iglesia: silencio, cárcel o destierro”, aseguró la jurista.

Las prohibiciones religiosas se dan en medio del más reciente capítulo de una historia de confrontaciones entre Ortega y la Iglesia católica que data de hace 43 años, y que hasta ahora no había tocado a la fe evangélica.

Según datos oficiales, la religión católica es la más seguida en Nicaragua, con un 58,8% de sus 6,6 millones de habitantes, seguida por la evangélica, con el 38%, aunque los evangélicos sostienen que su proporción ha crecido en los últimos años.

*Con información de AP

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