El gobierno de Joe Biden impuso restricciones y revocaciones de visado a 100 miembros de la Asamblea Nacional y del sistema judicial orteguista, incluidos fiscales y jueces, así como a algunos de sus familiares, por su participación en la represión y el abuso de derechos humanos en el marco de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
El Departamento de Estado anunció la medida contra aquellas personas que “se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de las protestas pacíficas o del abuso de los derechos humanos”.
“Hemos impuesto restricciones de visa a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y sus familiares que impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia. Continuaremos utilizando herramientas económicas y diplomáticas para apoyar la democracia nicaragüense”, tuiteó el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
Según explicó la diplomacia estadounidense, los afectados “han contribuido a posibilitar los ataques del régimen de Ortega-Murillo contra la democracia y los derechos humanos”, ante la “detención de 26 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos seis aspirantes a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos”.
Washington también señaló como argumento la aprobación de leyes represivas, como la legislación electoral, una ley de “ciberdelitos”, una ley de “agentes extranjeros” y una ley de “soberanía”, disposiciones legales que sirvieron al régimen para su arremetida contra la oposición de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
Además, Estados Unidos acusó a los sancionados de “tratar de acosar y silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes” y “socavar las instituciones y los procesos democráticos en Nicaragua”.
El Departamento liderado por Blinken aseguró que estas medidas “demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no sólo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos”.
Además, el comunicado adelantó que el gobierno de Biden “continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas que tiene a su disposición para presionar por la liberación de los presos políticos” y respaldar los llamados de los nicaragüenses “por una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas”.