El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes a Nicaragua en su “lista negra” de tráfico de personas al considerar que el régimen de Daniel Ortega incumple los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, donde revisa la situación a nivel mundial.
Junto a Nicaragua, hay otros 21 países en la “lista negra”, como Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
Sobre Nicaragua, el informe dice que el régimen de Daniel Ortega ha “minimizado” la gravedad de este fenómeno, pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente.
“El Gobierno de Nicaragua no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia de COVID-19… por lo tanto, Nicaragua permaneció en el Nivel 3”, reza el documento.
Indica que en Nicaragua no se han dispuesto refugios ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró “nimios” los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo “una preocupación grave”.
“El gobierno continuó para restar importancia a la gravedad del problema de la trata en Nicaragua, informes contradictorios de la sociedad civil sobre el aumento de casos durante la pandemia; no contaba con albergues ni asignaba fondos para servicios especializados a las víctimas; el gobierno hizo esfuerzos insignificantes para abordar el tráfico laboral, aunque seguía siendo una preocupación seria; y los esfuerzos de identificación de víctimas seguía siendo inadecuado”, apunta el informe.
Asimismo indica que el régimen orteguista “negó que los traficantes explotaran nicaragüenses en países extranjeros, a pesar de los informes de los medios de que las autoridades identificaron a varias víctimas nicaragüenses”.
El reporte indica que el régimen de Ortega no ha informado de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados gubernamentales cómplices en “ofensas de tráfico” de seres humanos, pese “a la corrupción endémica y la amplia complicidad de funcionarios”, ni ha cooperado con las ONG que protegen a las víctimas.
“El gobierno no ha informado cualquier investigación, enjuiciamiento o condena del gobierno empleados cómplices de delitos de tráfico, a pesar de la corrupción endémica y complicidad oficial generalizada”, señala.
Estados Unidos apunta que “observadores” han cuestionado la validad de que el régimen orteguista documente el tráfico de personas, citando como ejemplo los datos de las fuerzas de seguridad, ya que algunos de esos “observadores” han apuntado que el régimen “oscureció o clasificó erróneamente y de forma intencionada los casos de trata para minimizar las estadísticas”.
“El gobierno no cooperó con ONG para brindar servicios de protección o incluir a la sociedad civil en la coalición nacional contra la trata”, anota el texto.