La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves sobre la modificación del “Reglamento de Sanciones de Nicaragua” para incorporar la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018” también conocida como “Magnitsky Act”, que tiene que ver con el bloqueo de la propiedad de ciertas personas que han contribuido las violaciones de derechos humanos en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Para el analista político y exdiplomático nicaragüense Bosco Matamoros esta modificación “es un endurecimiento sustantivo” hacia el régimen de Daniel Ortega.
“Pone a Oficina de Control de Activos Extranjeros y a todo la Ley que tienen la Magnitsky, es una advertencia que va más allá de lo que era anteriormente la Magnitsky, sino que implica ya específicamente a que aquellos titulares de activos con inversiones o propiedades que han sido sancionados, pasan a una focalización más sistemática. Este elemento detrás de esta decisión, es una advertencia tremenda para nacionales, entidades, empresas y cualquiera que se asocie con estos sancionados”, explicó el analista en entrevista con La Mesa Redonda.
“Esto es una sacudida en el contexto internacional, que cualquier gobierno o entidad que trate de tener depósitos en un banco de estos sancionados o inversiones de estos sancionados a través de terceros, van a también ser objeto de acciones de parte del Tesoro norteamericano, si son bancos te multan”, agregó.
La OFAC también agregó una licencia general que autoriza ciertas actividades del gobierno de los Estados Unidos con Nicaragua. Esta enmienda regulatoria está actualmente disponible para inspección pública en el Registro Federal y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Federal el 17 de julio de 2020.
En este punto, la interpretación de Matamoros es que “ninguna de las acciones que ha tomado el gobierno americano y las leyes obstruye la posibilidad de relaciones de carácter humanitario”, con Nicaragua.
“Las sanciones anteriores no eximían la posibilidad de actividad en el campo de humanitario”, aclaró.
El 20 de diciembre de 2018, el presidente Donald Trump firmó la Ley de Derechos Humanos de Nicaragua y Ley Anticorrupción de 2018, para imponer sanciones específicas a violadores de derechos humanos y corruptos, incluidos aquellos de los que él determine que son responsables o cómplices de “ordenar, controlar o dirigir de otra manera, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, en relación con Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018”.
Estados Unidos ha sancionado a más de 20 familiares, allegados y socios comerciales de Ortega, así como funcionarios y empresas, más la Policía Orteguista, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.