El Departamento de Estado presentó este miércoles su informe sobre la Libertad Religiosa Internacional, indicando que en el caso de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “usaron retórica de odio para tolerar e incitar al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto”.
Estados Unidos detalló que, de acuerdo a numerosos informes de la prensa independiente de Nicaragua, “la Policía Nacional de Nicaragua junto con grupos progubernamentales y activistas del partido gobernante (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN), hostigaban e intimidaban rutinariamente a los líderes religiosos y profanaban espacios religiosos. Los líderes católicos informaron ataques físicos e insultos verbales, amenazas de muerte, y campañas de intimidación por parte del PNN y grupos asociados con el presidente Ortega y el vicepresidente Murillo, como la Juventud Sandinista”.
El informe agrega que la Policía Orteguista y turbas orteguistas han atacado a los fieles católicos en numerosas ocasiones después de que asistieron a los servicios religiosos en los que oraron por los presos políticos, y que en al menos dos ocasiones los policías dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a los fieles cuando salían de misa.
“Según los religiosos líderes y medios de comunicación, individuos vinculados al gobierno o representantes del gobierno continuaron cometiendo actos de vandalismo y profanación de objetos sagrados en iglesias y cementerios católicos en todo el país. La policía y los partidarios del gobierno interrumpieron con frecuencia los servicios religiosos al reproducir música a alto volumen a través de altavoces ubicados fuera de las iglesias. Muchos líderes religiosos dijeron que el gobierno politizó la religión en el contexto de la actual crisis política y el conflicto social en el país”, mencionó Estados Unidos.
El Departamento de Estado además, reportó el acoso, las amenazas de muerte y los asaltos físicos, contra el clero”. Y en el caso de los líderes protestantes católicos y evangélicos que proporcionaron refugio y asistencia médica a los manifestantes pacíficos en 2018 “continuaron siendo víctimas de represalias del gobierno, incluidas calumnias, investigaciones arbitrarias por parte de agencias gubernamentales sobre cargos infundados, retención de exenciones de impuestos, reducción de asignaciones presupuestarias y negar servicios religiosos para presos políticos”.
Estados Unidos le recordó al régimen Ortega-Murillo que “la Constitución prohíbe la discriminación basada en la religión; provee libertad de creencia, religión y adoración; y declara que nadie estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencias”.
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En abril pasado, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) publicó su Informe Anual 2020 en el que incluye a Nicaragua entre los 15 países que el Departamento de Estado designaría como “países de especial preocupación” (CPC) porque “sus gobiernos participan o toleran violaciones sistemáticas, continuas y atroces”.
El documento señaló que la independencia y el bipartidismo de la USCIRF le permiten identificar inquebrantablemente las amenazas a la libertad religiosa en todo el mundo, y en Nicaragua –indicó– el régimen de Daniel Ortega viola las libertades religiosas, en especial a la Iglesia Católica, sus obispos y feligresía del país.