Michael Kozak, subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, rechazó este lunes la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que prohibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un “golpe de Estado”, alteren el orden constitucional y/o “aplaudan la imposición de sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos”.
“La ley de restricción de candidatos de Ortega es opuesta a la reforma electoral y otro intento burdo de mantenerse en el poder”, dijo Kozak en su cuenta de Twitter.
¿QUIÉNES SERÁN INHIBIDOS?
La ley, compuesta por dos artículos, establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, no podrán optar a cargos de elección popular.
Tampoco los que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Además, quedarán inhabilitados a optar a cargos de elección popular “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.
El Subsecretario criticó al régimen de Ortega que “en vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postularse para un cargo y al pueblo el derecho a elegir a sus líderes”.
Ortega ha calificado de “golpistas” y “terroristas” a los opositores que participaron en las protestas sociales que estallaron en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos, cientos de detenidos y unos 100.000 exiliados por la represión estatal, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
José Miguel Vivanco, Director para las Americas de Human Rights Watch, advirtió el domingo que la ley viola abiertamente el derecho humano a la participación política y “ayudará a consolidar la dictadura de Ortega-Murillo”.