El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer el miércoles nuevas restricciones de visas para funcionarios y exfuncionarios del Triángulo Norte de Centroamérica que hayan sido señalados por corrupción.
Según una nota de prensa la medida busca “ayudar” a Guatemala, Honduras y El Salvador a “mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad”, principales causas de la migración irregular, argumenta la Administración Biden.
El secretario de Estado, Antony Blinken, explicó que las restricciones buscan enviar un mensaje claro “de que quienes socavan la democracia o el Estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en Estados Unidos».
El funcionario además escribió en su cuenta de Twitter que este era “otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración”.
La Administración Biden ha señalado constantemente que la corrupción, en los países que conforman el Triángulo Norte, es una de las causas fundamentales, junto con la violencia de las pandillas y la pobreza, del aumento del flujo de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.
“Las débiles instituciones democráticas, sumadas a una impunidad desenfrenada, han reducido la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y la independencia de los sistemas judiciales”, afirma la cartera de Exteriores que ve en la corrupción, la inseguridad jurídica y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática serias amenazas para las democracias de los países.
El Departamento de Estado señaló que una persona podría ser designada bajo la política por “actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticas, como atentar contra la integridad e independencia del sector judicial y fiscales anticorrupción”.
Esta política complementa otras herramientas que Estados Unidos está utilizando para apoyar los esfuerzos de los tres países del Triángulo Norte para promover la rendición de cuentas por la corrupción, la impunidad y los ataques a la democracia.
Dudas sobre el “compromiso” en la región
El anuncio se da luego de que el Gobierno de Estados Unidos, haya criticado de forma abierta y tomado acciones concretas, sobre acciones adoptadas tanto por El Salvador como por Guatemala sobre instituciones clave en materia del combate a la corrupción.
El Ministerio Público de Guatemala recientemente decidió destituir Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una decisión que ha llevado a Washington a poner en duda el compromiso del Gobierno de Alejandro Giammattei en la lucha contra la corrupción.
Mientras que en El Salvador no solo desmanteló su Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), también se destituyó a todos los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país, por orden del Congreso.
El hecho despertó condenas de la comunidad internacional, pues la Nueva Asamblea, cómo le llaman a este órgano del Estado, está conformado en su mayoría por legisladores del partido Nuevas Ideas, el favorito del presidente Bukele.
*VOA