El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a 23 nicaragüenses que son funcionan como jueces y fiscales del régimen de Daniel Ortega, por “encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales” del pasado noviembre.
A través de un informe enviado al Congreso de Estados Unidos, se revela que la administración de Joe Biden sancionó a 23 nicaragüenses, 15 hondureños, 7 salvadoreños y 16 guatemaltecos.
“Informe al Congreso sobre Extranjeros que han participado a sabiendas en acciones que menoscaben Procesos o Instituciones Democráticas, Corrupción Significativa u Obstrucción de Investigaciones de Tales Actos de Corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de conformidad con la Sección 353(b) del Departamento de Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados”, reza el informe.
Los sancionados son acusados de “socavar los procesos o instituciones democráticas; corrupción significativa; y obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, “incluida la siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través de dinero lavado; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”.
Asimismo, el documento destaca que el 10 de noviembre, 2021, el Presidente Joe Biden firmó el Reforzamiento de la Adhesión de Condiciones de Nicaragua para la Reforma Electoral (RENACER), “agregando a Nicaragua a los países dentro el alcance del artículo 353”.
“El Departamento seguirá revisando a las personas enumeradas en el informe y considere todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Departamento también continúa revisando activamente información fidedigna adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utilizar todas las autoridades pertinentes, según corresponda, para asegurar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos”, agrega el informe.
Estos son los 23 funcionarios sancionados, descritos por el Departamento de Estado:
Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, “socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales”.
Erick Ramón Laguna Averruz, juez, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en los juicios falsos de activistas de la oposición Alexis Peralta y el campesino sin filiación política Santos Camilo Bellorin”.
Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe del departamento de Chinandega, “socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer su discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales”.
Rosa Velia Baca Cardoza, jueza, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en el juicio simulado del activista opositor Donald Alvarenga”.
Carlos Rafael Espinoza Castilla, fiscal, “socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales”.
Irma Oralya Laguna Cruz, jueza, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en el juicio falso de la activista de la oposición Evelyn Pinto”.
Luis Alberto Mena Gámez, fiscal en Nueva Segovia, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando ejerció la discrecionalidad procesal para llevar el caso del régimen contra el preso político Douglas Cerros y persiguió cargos espurios, condenas y sentencias severas contra ciudadanos particulares que critican al gobierno”.
Luden Martín Quiroz García, juez, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocracia por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en los juicios falsos del líder de la oposición Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el excanciller Mauricio Díaz, la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, el opositor Pedro Joaquín Chamorro, los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes; y ex asambleísta María Fernanda Flores”.
Melvin Leopoldo Vargas García, juez, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder a favor de la democracia por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en el juicio simulado de la activista opositora Samantha Jiron”.
Ángel Jancarlos Fernández González, juez, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en los juicios falsos de privados los líderes del sector Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; la exlíder sandinista Dora María Téllez; los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco”.
Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, jueza, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en el juicio simulado del activista opositor Irving Larios”.
Jorge Luis Arias Jarquín, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, “socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales”.
William Irving Howard López, juez, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en el juicio falso de la activista de la oposición Nidia Barbosa”.
Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, “socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales”.
María Francis Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando dirigió el caso del régimen contra el activista prodemocrático y preso político Donald Alvarenga y presentó cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores prodemocracia del régimen”.
Verónica Fiallos Moncada, jueza, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en el juicio simulado de Douglas Cerros, un ciudadano sin afiliación política”.
Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en los juicios falsos de los ex candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri”.
Rolando Salvador Sanarrusia Munguia, juez, “socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocracia por cargos vagos y falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en el juicio simulado de activista opositor Yoel Sandino”.
Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal del Ministerio Público Sede de la oficina en Managua, “socavó procesos o instituciones democráticas ejerciendo discreción procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales”.
Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza, “atentó contra procesos democráticos o instituciones cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en los juicios falsos de estudiantes líderes Lesther Alemán y Max Jerez, ex candidato presidencial Miguel Mora, analista político Edgar Parrales, Director del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann, y el experto electoral Harry Chavez”.
Andrea del Carmen Salas, fiscal del Ministerio Público sede en Managua, “socavó procesos o instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar el régimen opositores en el período previo a las elecciones nacionales”.
Ulisa Yahoska Tapia Silva, jueza, “socavó los procesos democráticos o instituciones cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos falsos de ‘socavar la integridad nacional’ en los juicios falsos de la oposición activistas Yaser Vado y Yader Parajón, excanciller Francisco Aguirre Sacasa, la líder opositora Suyen Barahona, el líder cívico Freddy Navas, la abogada de derechos humanos María Oviedo, el excandidato presidencial Noel Vidaurre, y el comentarista político Jaime Arellano.
Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal de Estelí, “desvirtuó procesos o instituciones democráticas mediante el ejercicio de la discrecionalidad procesal para el régimen en el caso contra el activista prodemocrático y preso político Alexis Peralta y persiguiendo cargos espurios, condenas y sentencias severas contra opositores al régimen”.