El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que agregó a su lista de sancionados a nueve funcionarios del régimen de Daniel Ortega “por socavar los procesos democráticos o las instituciones de Nicaragua”. A los sancionados se les aplicó la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos y la Ley RENACER.
“El gobierno de los Estados Unidos está profundamente preocupado por la injusticia y la falta de transparencia que se muestran en los juicios de los presos políticos en Nicaragua. Seguimos comprometidos a apoyar al pueblo de Nicaragua luchando contra la corrupción y promoviendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son claves para un futuro mejor. Para avanzar en esta prioridad, hoy agregamos nueve nicaragüenses a la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de los Estados Unidos, bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, según enmendada”, indicó el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de un comunicado.
A los sancionados también se les aplicó la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (RENACER), aprobada con amplio apoyo bipartidista y firmada por el presidente Joe Biden el 10 de noviembre de 2021.
Los nueve funcionarios orteguistas sancionados son:
Cairo Melvin Amador, actual Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Lumberto Ignacio Campbell Hooker, actual miembro del CSE y Presidente en funciones del CSE desde 2018 hasta mayo de 2021.
Brenda Isabel Rocha Chacón, actual Presidenta del CSE.
El Departamento de Estado sostuvo que estos tres magistrados fueron sancionados “por conspirar con los Ortega- régimen de Murillo para socavar las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 al descalificar a los partidos y candidatos legítimos de la oposición por motivos espurios”.
Edwin Ramón Castro Rivera, miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada del FSLN desde 2007.
Fue sancionado “por asegurar que los leales a Ortega-Murillo ganaran todos los cargos de magistrados en el CSE y asegurar la aprobación de una legislación extremadamente amplia que utilizó el régimen de Ortega-Murillo, excluir a los candidatos y partidos de la oposición y hostigar y encarcelar a los opositores políticos”.
Karen Vanessa Chavarría Morales, actual jueza del distrito noveno de Managua. Acusada por “abusar de su autoridad y subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos al régimen Ortega-Murillo e inhabilitar candidatos opositores a las elecciones de noviembre de 2021”.
Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Carlos Wilfredo Navarro Moreira, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Gustavo Eduardo Porras Cortés, actual Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Los tres diputados de facto fueron sancionados por “darle al régimen Ortega-Murillo las herramientas para conducir su descarado asalto a la democracia al llenar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega”.
María Haydee Osuna Ruiz, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
A Osuna, la acusan de “conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 en Nicaragua al firmar una denuncia espuria que sirvió de pretexto para que el gobierno descalificara al último partido de oposición legítimo que quedaba y perseguir a su líder hasta el exilio”.
La Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos aplicada a los nueve funcionarios, establece que estos “no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos”.
La Ley RENACER propone sanciones específicas si las elecciones en Nicaragua, celebradas el pasado 7 de noviembre pasado, no eran libres, justas, transparentes y observadas. Los comicios fueron considerados un “fraude” por gran parte de la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los llamó una “pantomima electoral”.
“Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica. Apoyamos al pueblo de Nicaragua en su lucha por restaurar las instituciones democráticas, elegir a sus líderes en elecciones libres y justas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”, concluyó el Departamento de Estado de Estados Unidos.