El gobierno de Estados Unidos sancionó el viernes a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, así como a otros tres funcionarios allegados a Nicolás Maduro, acusándolos de “interferencia” para impedir que se celebren comicios legislativos transparentes en diciembre.
El Departamento del Tesoro dijo que incluyó en su lista negra a Alfonzo; al rector del CNE José Luis Gutiérrez Parra; al procurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, y al exgobernador David De Lima, por facilitar “los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela”.
“Sus acciones son parte de un esquema de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas”, señaló el Tesoro en un comunicado.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que estas personas ayudaron a Maduro “a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas y nombrar un nuevo CNE títere (que) ha socavado la integridad de la Asamblea Nacional, la única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela”.
“Estas acciones demuestran los desesperados extremos a los que Maduro y sus compinches están dispuestos a llegar, y han llegado, en su camino trazado hacia la dictadura total”, dijo Pompeo en una declaración.
El régimen de Maduro, en tanto, denunció en un comunicado que se trata de “agresiones intervencionistas del gobierno supremacista de Washington” que violan el “derecho Internacional” y buscan “interferir” con las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre.
“Esta agresión contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dos de sus rectores principales y el procurador general de la República, no hará mella alguna sobre el compromiso de las instituciones del Estado venezolano para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales”, indicó el texto difundido por la cancillería venezolana.
Washington, que desconoce la reelección de Maduro en 2018 por considerarla un fraude, promueve la salida del dictador y la instalación de un gobierno de transición que asegure nuevos comicios libres y justos.
Los cuatro funcionarios sancionados el viernes fueron incluidos en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, con lo cual todos sus bienes y activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados y se les prohíbe toda transacción con individuos y entidades estadounidenses.
Canadá ya había sancionado a Alfonzo en 2018 y a Muñoz en 2019, junto a varios funcionarios señalados de participar activamente en el deterioro de la situación de Venezuela.