El Ejército de Daniel Ortega calificó como una “injerencia” el miércoles la sanción que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le impuso a su jefe, el general Julio César Avilés.
Avilés, de 63 años y jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua desde el 2010, fue sancionado el 22 de mayo pasado por Estados Unidos junto al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por participar en actos de corrupción y por ayudar a silenciar las voces prodemocráticas en el país.
“Esa resolución es realmente un acto de injerencia, la cual profundamente rechazamos como Ejército de Nicaragua”, dijo el jefe del Estado Mayor, general de brigada Bayardo Rodríguez, en el marco de una reunión virtual del Comité Ejecutivo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.
“Todo lo que se menciona ahí (resolución) no tiene fundamento alguno, no hay ninguna evidencia. Está basado fundamentalmente en la desinformación”, agregó.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo, argumentó que Avilés y Acosta fueron sancionados por su apoyo significativo al régimen de Daniel Ortega, para “reprimir y desmantelar las instituciones democráticas” de Nicaragua.
Como resultado de las sanciones quedan congelados todos los bienes que Avilés y Acosta pudieran tener en Estados Unidos, y se les prohíbe hacer cualquier transacción financiera con ciudadanos estadounidenses o que implique algún tipo de tránsito por la nación norteamericana, lo que busca dificultar a los sancionados el acceso al sistema financiero internacional.
Según el Departamento de Estado, como jefe de las Fuerzas Armadas, Avilés dio “apoyo” a los grupos paramilitares que atacaron a quienes comenzaron a manifestarse contra Ortega en abril de 2018.
Avilés, fundador del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), tomó posesión de su tercer mandato consecutivo, por otros 5 años, en febrero pasado, en medio críticas de organismos de derechos humanos por no haber desarmado a los civiles armados, encapuchados sus mayorías, que actuaron con el consentimiento de la Policía en el marco del estallido social de abril de 2018.
“Están queriendo arrastrar al Ejército a situaciones que, por Ley, no corresponde”, sostuvo el general Rodríguez, al respecto.
“Nuestra actuación debe estar apegada a lo que dicen la Constitución y las leyes, no a la desinformación o a lo que sacan en las redes” sociales, añadió.
Aseguró que la sanción al general Avilés no afecta en nada las funciones del Ejército, y que tanto el Consejo Militar, integrado por los altos cargos, como los oficiales subalternos, han cerrado filas con su jefe.