Por Hugo Rodríguez
En 1948 con el Pacto de Bogotá, nace la Organización de Estados Americanos, OEA, como sucesora de la Unión Panamericana, que a su vez había sucedido a la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, surgida a inicios de 1890 en la ciudad de Washington, durante la celebración de la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos. Es por tanto la OEA, la organización regional de estados, más antigua del mundo.
Desde su fundación, la OEA ha contribuido sustantivamente al enriquecimiento del derecho internacional, a través del desarrollo de un sinnúmero de tratados, protocolos y convenciones en distintas materias, y que hoy se conoce como Derecho Internacional Americano. Uno de estos tratados, cuyo cuerpo normativo en Nicaragua tiene rango constitucional, tal a como lo estable el Artículo 46 de la Constitución, es la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, suscrita en Costa Rica, el 22 de noviembre de 1996, cuyos principios están basados en la obligación de los Estados de respetar el marco constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Desde la firma del Pacto de San José, no se había suscrito un documento de tan relevante importancia para la vigencia de la democracia y los DDHH en el Continente, como el que un día como hoy, 11 de septiembre, se suscribió en Lima, Perú, hace 20 años y que lleva el claro nombre de Carta Democrática Interamericana, en el marco de desarrollo de una sesión especial de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y por el patrocinio del gobierno del presidente peruano Valentín Paniagua.
Opacada por los efectos de los atentados terroristas contra las torres gemelas de la ciudad de Nueva York, este importante instrumento jurídico-político interamericano, fue suscrito de manera UNÁNIME por todos los estados miembros de la OEA, por tanto, por primera vez los estados miembros asumían el compromiso de reconocer sólo a los gobiernos cuya legitimidad surja del ejerció democrático, de manera tal que el origen legítimo de un gobierno resulta ser determinante para ser reconocido como tal, por los demás estados.
Desde entonces, la Carta Democrática ha sido efectiva para rechazar e impedir el surgimiento de gobiernos producto de golpes de Estado, como el llevado a cabo el 12 de abril de 1992 en Venezuela, mediante el cual se restituyó en el poder al teniente coronel Hugo Chávez, y se aisló internacionalmente al gobierno surgido mediante el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, contra el ex presidente Manuel Zelaya de Honduras.
La trascendencia de la Carta Democrática radica en que incorpora no sólo el origen democrático del poder, sino también su ejercicio, de manera que un gobierno surgido de elecciones democráticas, puede perder su legitimidad en el ejercicio del mismo, por lo que los gobiernos, no solo serán legítimos por surgir del ejercicio democrático, o sea, de elecciones libres, transparentes y competitivas; sino que también deben gobernar democráticamente; de allí que la legitimidad del poder debe ser de origen y de ejercicio.
Visto, lo anterior, es a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a quien le corresponde, de conformidad con sus procedimientos y mecanismos, determinar, sin un gobierno es legítimo o no, y por tanto, proceder en consecuencia; porque los pueblos de nuestra América, tienen derecho a la democracia, porque sólo bajo reglas democráticas, puede haber convivencia pacífica, paz duradera y prosperidad para todos.