El 42% de las ONG registradas en Nicaragua han sido canceladas desde 2018 por el régimen de Ortega

Al menos 3.106 ONG de las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 han sido disueltas por órdenes del dictador Daniel Ortega, según un informe “Expediente ONG” presentado este martes por las organizaciones Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación del Río y Fundación Popol Nah. 

“Tenemos una restricción del 42% del espacio cívico que había antes de 2018” en Nicaragua, dijo el ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, una ONG que fue ilegalizada por el régimen en diciembre de 2018.

El régimen reportó 7.227 personalidades jurídicas activas a ese momento (2018) y a la fecha se registran 3.106lo que representa más del 42% del total de las asociaciones, precisó Ruiz, durante la presentación del informe a través de una conferencia de prensa presencial y virtual desde San José, Costa Rica.

El régimen a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB) o vía decreto legislativo, ha disuelto 3.106 ONG nicaragüenses y de otras nacionalidades tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en Nicaragua.

Según el estudio, a partir de febrero de este año “se desató la peor oleada de cancelación de personalidades jurídicas, con datos que asombran incluso a la Relatoría de Libertad de Asociación de Naciones Unidas”.

“Para entonces los números eran de 9 organizaciones cerradas en 2019 y 96 canceladas hasta febrero de 2022. Ahora se presenta una actualización de la situación de la libertad de asociación de febrero a noviembre de 2022, y se cuentan a 3.106 organizaciones sin fines de lucro”, detalló.

ONG AFECTADAS CALIFICAN DE “CRÍMENES” SUS CIERRES

El grupo de organismos calificó de “crímenes” la disolución de esas ONG por parte del régimen Ortega-Murillo en “contra de las libertades ciudadanas y los derechos humanos del pueblo de Nicaragua” y confió que “en el futuro todos los crímenes serán juzgados y que conquistaremos la Justicia”.

Ruiz sostuvo que el cierre de esas ONG ha tenido un impacto social, económico, comunitario y de derechos humanos, el cual aún no ha podido cuantificar.

Indicó que, con base a un estudio realizado a 9 ONG afectadas, encontraron que casi 50.000 personas se han quedado sin acceder a los servicios de primera necesidad y más de 150 sin empleo.

Por su parte, el abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentó los resultados de esa investigación realizada e indico que de las ocho ONG nacionales, siete sufrieron “allanamientos ilegales”, de los cuales seis fueron violentos, indicó.

Estos organismos dirigían programas de acceso a derechos humanos, de beneficio a mujeres e indígenas y fortalecimiento de liderazgos territoriales, entre otros. Todos tenían documentos legales y solvencia para funcionar, acotó Guadamuz.

No hay oportunidad de defender la libertad de asociación dentro de Nicaragua”, dijo el abogado.

Guadamuz, sostuvo que el cierre de esas nueve ONG tuvo un “impacto económico, social y ambiental” en más de 50 municipios, en su mayoría en las regiones norte y caribeña. Allí, más de 50.000 personas se quedaron sin acceso a servicios de primera necesidad.

Al mismo tiempo, el régimen se apropió de al menos cuatro millones de dólares en bienes y equipos confiscados a las nueve ONG incluidas en la investigación, añadió.

A su vez, Katherine Ramírez, de la Fundación Popol Nah, que trabajaba en proyectos de desarrollo comunitario en Nicaragua, dijo que en lista de ONG cerradas incluye decenas de ONG europeas y de Estados Unidos, algunas presentes por más de 30 años en el país.

Entre estas figuraban entidades de desarrollo social, de servicios médicos y de educación, así como varias universidades y 54 medios de comunicación independientes que han sido cerrados desde 2018. Pero también han sido cerrados clubes ecuestres, asociaciones de músicos y de farmacéuticos y la conocida Operación Sonrisa, que financiaba cirugías gratuitas a niños de escasos recursos.

El aparato estatal está en función de restringir la libertad de asociación y su respuesta a los ciudadanos es la cárcel o el exilio”, afirmó Ramírez.

*Con EFE y AP

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